Tras las medidas que contiene el DNU 70/2023 respecto al vaciamiento y quita de funciones al INYM, más otras modificaciones que beneficiarían a los eslabones más altos de la cadena yerbatera, los productores misioneros encabezaron un reclamo sectorial.

Redacción

Hace 22 años, tras la lucha de los productores se creó el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) mediante la Ley 25.564. El organismo, entre otros aportes, establece mecanismos y resguardo institucional para la fijación del precio del kilo de hoja, la unidad mínima sobre la cual se ordena y referencia la cadena. El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, determina un recorte de funciones, entre las cuales se instaura el fin de su función reguladora.

Ayer por la mañana, siete asociaciones de productores yerbateros se manifestaron en Posadas, Capital de la provincia de Misiones. La consigna, expresada con el símbolo de un tractor ocupando el centro de la plaza, fue la de defensa del organismo.

Para ellos, el impulso de la medida destructora del organismo, nació por impulso de los grandes empresarios yerbateros que pretenden volver a la década del ’90 cuando la hoja de yerba se vendía a un precio que por lejos no cubría las necesidades básicas del productor y por ende su sostén productivo. Resaltaron que, por un momento en aquellos años, el kilo de hoja se pagaba 0,02 pesos/dólares (recordemos la paridad cambiaria). Precio que – si se reprodujera hoy -, estaría aproximadamente en los $ 17,20 según la cotización cambiaria oficial.

Según el acuerdo de precios vigente, hasta el próximo 31 de enero, el kilo de hoja verde puesto en secadero equivale a $ 210 (U$S 0,25). Precio también magro, pero diez veces superior a lo que supo pagarse.

Los números han variado a lo largo de los años. Se estima que hay 18.000 productores, con un promedio de 11,5 hectáreas en producción cada uno. Los rendimientos promedio equivalen a 5.500 kilos de hoja verde por hectárea. Aunque, en función de la capacidad de incorporar tecnología, los rindes se han multiplicado.

Tomando los valores actuales en función del promedio mencionado, un productor, por la cosecha anual estaría recibiendo $ 1.160.000 por hectárea; y 13.300.000 pesos brutos anuales por la chacra promedio. De allí deben descontarse los diversos gastos (insumos, servicios, sueldos y jornales, etc.). Un cálculo conservador, aunque probablemente impreciso, habla de una rentabilidad baja, que rondaría los 2.600.000 pesos anuales por chacra.

Entre los testimonios recabados por las fuentes, la problemática que incluye el vaciamiento del organismo, trasciende el precio de la materia prima, ya que el objetivo sería apoderarse de la tierra, mediante mecanismos de ahogamiento financiero.

Sólo en Misiones – provincia de mayor producción argentina -, la cadena reúne a 12.000 productores y 14.000 trabajadores rurales. “Cuando anda la yerba, todo funciona”; dicen. De ahí que el INYM sea considerado una “una herramienta de justicia para el sector, donde conviven tareferos, productores, cooperativas, secaderos, e industrias; una herramienta que brindan condiciones de equilibrio, de igualdad, de crecimiento y desarrollo para todos los eslabones de la yerba mate”.

Otro de los puntos que sirven para comprender el trasfondo del conflicto, está en el direccionamiento de las reformas a la Ley que le da vida al INYM, que apunta a la concentración de sector, incluyendo las tierras productivas. El objetivo, sería darle un perfil de monoindustria, alejada del paradigma de “economía regional” y sus implicancias en cuanto al arraigo y desarrollo de infraestructura y servicios en cercanía.

Por un lado, la eliminación de los registros de productores, que es lo que les permite sostener las bases y acuerdo de corresponsabilidad, y su reconocimiento como actores o titulares de unidades productivas. Otro de los puntos, es que las reformas previstas en el DNU 70/23, elimina los artículos vinculados a la promoción por parte del Instituto del asociativismo y las cooperativas; base que les permite optimizar las condiciones de producción y hacerse fuertes frente a los eslabones más concentrados del resto de la cadena.

Entre las organizaciones plegadas a la protesta, se encontraban la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM); Asociación de los Yerbatero del Alto Uruguay (AYAU); Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN); Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA); Unión de Agricultores de Misiones (UDAM). Al cierre de esta edición, se encontraban a la espera de una reunión virtual, con funcionarios nacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Fuente: El Territorio / NEA Hoy / INYM /