El Gobierno prorrogó el Fideicomiso aceitero días atrás, y las entidades de productores, comenzaron a publicar propuestas para el destino de la producción girasolera de 2024. La oleaginosa ya está prácticamente toda sembrada, y el sector pretende sacar diferencias.
Redacción
Siempre la misma milonga. Si no supiéramos a esta altura que las mismas discusiones se dan todos los años, y cada una de ellas obedece a determinado estadio de las campañas de los distintos cultivos; la verdad, los contrapuntos idas y vueltas podrían ser de mucho valor para la mejora del sistema productivo. El problema es que más allá de las posturas públicas, en la práctica, pocos cumplen.
El girasol no escapa a eso, y ya pasado el “viento de cola” que significó para el precio del aceite la guerra en Ucrania – hasta ese momento principal productor y exportador del mundo -, comienzan los planteos desde los productores y a repetir errores desde el Gobierno.
¿Por qué ahora? Porque estamos en época de siembra y todos los actores involucrados en la cadena están perfilando el posible rendimiento económico.
Vamos por partes.
Por un lado, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), cuyos representantes están muy activos últimamente entre reuniones, encuentros, foros y presentaciones de propuestas de trabajo al Gobierno.
La noticia de hoy no es la excepción. La entidad tuvo en los primeros días de octubre una serie de encuentros de cara a planificar y debatir la campaña de girasol y desde allí, surgió un pliego de propuestas hasta el Gobierno.
Los títulos están puestos en el reclamo que la entidad conformada por sociedades rurales de Buenos Aires y La Pampa. Por ejemplo, que la oleaginosa debería ser considerada “un cultivo distinto” al que le correspondería un “tratamiento especial” en materia de políticas de incentivo e impositivas, dado que no compite con otros cultivos, y se siembra por fuera de la zona núcleo.
CARBAP propone cuatro ejes fundamentales. Primero, de libro, solicitar a las autoridades la eliminación del derecho de exportación del grano de girasol alentando una mayor exportación del grano “tal cual”. Segundo, gestionar ante autoridades nacionales e instituciones privadas, condiciones para el uso de varias y distintas herramientas comerciales que permitan una mayor transparencia en la formación del precio del mismo.
En tercer lugar, que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyPN), divulgue ampliamente los valores FOB de grano, aceite y harina de girasol, el FAS TEORICO, y los precios internacionales. Por último, promover negocios de exportadores no tradicionales junto con Cancillería, destinados a la exportación de granos de girasol a los fines de reflejar valores testigos de los posibles precios del grano de girasol.
Para la entidad, las acciones sugeridas, apuntan sumar facilidades para la exportación del grano, y así contrarrestar, la protección que tienen grandes compradores internacionales como la India, que protege la importación de aceite con un 100% de arancel, pero al mismo tiempo que no castiga la entrada de girasol tal cual.
Por otra parte, cosa que no sumó alegrías en el sector productivo, días atrás el Ministerio de Economía argentino prorrogó hasta el 31 de diciembre la vigencia del Fondo Fiduciario Aceitero (FFA). El mismo, creado con fondos de las retenciones a la soja y girasol, se implementa con la intención de frenar la suba del precio del aceite en el mercado interno.
Como se imaginará el lector, los productores reniegan del FFA, porque “genera distorsiones y desincentivos”; al tiempo que el precio interno del aceite no para de subir.
La norma que prorroga el FFA, está acompañada del incremento de 120 a 135 millones de dólares el aporte privado anual para su financiamiento. La medida se formalizó a través de la Resolución 1626/23 publicada en el Boletín Oficial.
Los productos sujetos a compensación mediante o que reúne el FFA, son los aceites refinados de soja, girasol y sus mezclas, destinados al mercado interno para consumo final y familiar en envases de hasta 3 litros, hasta un máximo de 29 millones de litros por mes. La prórroga anterior, prevé asimismo, que dicho tope se irá reduciendo progresivamente hasta llegar a los 20,3 millones de litros para diciembre.
Si bien las propuestas de CARBAP habrían sido deliñadas mucho antes que la nueva resolución de actualización fuese publicada, se la veían venir. Es evidente que la intención de las entidades, es fomentar la exportación de graneles sin valor agregado a los mercados receptores, se cara a obtener un margen bruto “más limpio” desligado lo más posible de la industria y de los intermediarios de la cadena.
Fuente: MEcoN / CARBAP / InfoCampo / NAP