Mediante resolución oficial, el Gobierno Nacional prorrogó por 365 los contratos de venta externa para el trigo y por ende los acuerdos “futuros” entre los productores y las exportadoras. El sector pide la declaración de Emergencia por los beneficios posteriores. El Gobierno no quiere perder ni caja ni liquidaciones. Una puja sin solución de continuidad, porque a pesar de los elementos a disposición, la cosa sigue dependiendo del régimen de lluvias.

Redacción

El presidente debería integrar a su gabinete a “la señora del clima”. Es la única que tiene la posta para poder determinar una política de avance respecto de la producción agropecuaria. Mediante datos y simpatía, al inicio de cada campaña, podrá determinar a groso modo si va a llover o no; y desde allí diseñar la política para el sector.

Es lo que queda por hacer. Porque a partir de las proyecciones que va arrojando la cosecha de la fina, causadas por las sequías, heladas tardías y una planificación basada en los precios internacionales y no en el despliegue a largo plazo de las fuerzas productivas internas, el Gobierno Nacional, mediante una serie de medidas estableció nuevos parámetros para los próximos meses y fundamentalmente para el trigo.

Según lo publicado en el Boletín Oficial, la Resolución N° 114/22 explica que se otorgará una prórroga a los exportadores, para que estos puedan retrasar sus embarques sin ser multados y que los productores puedan cumplir los contratos de vente “futuros” – o forward según la jerga -, que se habían firmado a principios del corriente año de cara a la campaña 2022/2023.

Con las medidas se permite prorrogar los plazos a 365 días para la exportación de trigo. La decisión fue tomada por el gobierno, a partir de las proyecciones consideradas propias, pero que están basadas en consultoras privadas, y grupos de presión integrados por empresas vinculadas al comercio internacional de granos. Una consecuencia derivada de no ejercer la actividad de comercio exterior, a partir de ocupar un lugar subordinado en la cadena global de producción granaria y optar por la posición netamente fiscalista del Estado, tal lo marca el manual del buen liberal.

Así, la Resolución expresa que se otorga “una Prórroga Automática Excepcional de 360 días corridos, a las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) con período de embarque comprendido entre el 1° de diciembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023, contados a partir del fin de embarque más prórroga automática para la mercadería comprendida en la partida arancelaria Nº 1001.99.00 (es decir el Trigo Pan). El cual se constituirá en el nuevo plazo máximo de vigencia de la DJVE”.

La mencionada “prórroga automática excepcional”, no involucra a aquellas DJVE que fueron registradas luego del periodo mencionado, como tampoco para aquellas que sólo tengan plazo de vigencia de 30 días. La Resolución aclara expresamente que los motivos de incumplimiento también podrán ser alegados por los productores respecto de los exportadores, y éstos últimos no podrán disparar las cláusulas de sanción. Es decir, que aquellos productores que hayan comprometido a entregar su cereal por medio de un contrato futuro o forward 2022/23 en una determinada fecha, podrán incumplirla dentro de las condiciones establecidas en la norma.

El sector exportador está desconforme. Para quién no esté familiarizado con la dinámica de la actividad, puede pensar que en realidad el Gobierno Nacional, en lugar de sancionar a estas empresas y asumir el desafío de plantar una posición soberana respecto del conflicto histórico y a esta altura de tintes geopolíticos que pone a la Argentina en condición se sumisión semicolonial, les está haciendo una “gauchada” para que los contratos corran con cierta “normalidad” y liquiden las cosechas en plazos razonables dentro de 2023.

Sin embargo, las exportadoras lo que pretenden es un poco más: que el gobierno decrete la “emergencia” para el sector triguero alegando la pérdida estimada de 9 millones de toneladas respecto de las prospecciones previas. Número incomprobable en condiciones reales, dado que no se halla en ninguna parte un programa o planificación integral de la campaña triguera desde el inicio. De haber ocurrido de esa forma, existen una serie de parámetros a tener en cuenta, más allá de los costeos habituales de producción y expectativas de mercado.

Sucede que, si el Gobierno nacional declara la Emergencia Agropecuaria para el trigo, algunas de las medidas que acompañan la decisión son exención, reducción y prorrogación de impuestos según se trate; la ampliación de los fondos estatales para paliar las consecuencias de las pérdidas (generalmente entregados en subsidios); y también, el acceso a “tasa blanda” y plazo derivado de créditos bancarios.

Estos últimos generalmente son otorgados por la banca estatal o bien por los actores privados, donde el Estado cubre una porción importante del coste financiero. Un negocio para los bancos, e indirectamente, para las exportadoras.

El problema de las sequías o de las plagas, es el complemento de lo bueno o malo de los regímenes de lluvias. Casi un siglo atrás, los mismos conservadores se objetaban a sí mismos esa visión del proceso productivo. No podía ser que un país dependiera de si llovía mucho o poco dados los elementos que por entonces se contaban para poder anticiparse a algunos fenómenos climáticos, pero también “del mercado”.

Ese mismo sector político le cuestionó a Perón haber mejorado ese sistema de organización productiva a partir de nacionalizar el comercio exterior y la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI).

Casi ochenta años después, el sector continúa discutiendo las mismas cosas, pero con mayor evidencia a disposición y menor margen de maniobra que antaño: el famoso “con una buena cosecha, nos salvamos todos”; ha dejado más que nunca de ser verdad.

Fuente: Boletín Oficial