Fernández firmó el laudo arbitral, y nuevamente se desataron los dichos y amagues de parte de Mendoza y las réplicas fundamentalmente pampeanas. Más allá de cuál termina siendo la suerte de la obra, de COIRCO o incluso del mismísimo río, este asunto tiene otros pliegues que vale la pena analizarlos.

Por Pablo Casals

Finalmente, tras la firma del presidente Alberto Fernández, el Ejecutivo Nacional fijo posición en el laudo arbitral solicitado por la provincia de Mendoza por la controversia vigente en el seno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) alrededor del proyecto de construcción de la represa “Portezuelo del Viento”, cercas de las nacientes del río Colorado en la precordillera de la provincia cuyana.

El Gobierno ratificó la postura que venía tomando anteriormente, señalando la necesidad de realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del mencionado río, como condición para aprobar la construcción de la represa. Tal posición fue la avalada por el resto de las provincias integrantes del Comité: Neuquén, La Pampa, Río negro y Buenos Aires.

La decisión disparó diversas declaraciones entre las autoridades mendocinas y pampeanas. Para el caso de la provincia cuyana, el propio Gobernador, Rodolfo Suárez, sostuvo que “hacer un nuevo estudio de impacto ambiental y someterlo al consejo de gobernadores (donde las decisiones se toman por unanimidad) es decirle no a Portezuelo del Viento”. Por su parte, el ex mandatario provincial y ex Vicepresidente, Julio Cobos, afirmó que las medidas del Ejecutivo Nacional “perjudican a Mendoza y dilatan durante años la construcción de una obra hidroeléctrica fundamental, ampliamente estudiada y sumamente necesaria” al tiempo que instó al Gobernador a retirarse de COIRCO y llevar la obra adelante.

En La Pampa, también hubo repercusiones. El Gobernador Ziliotto, consideró que fue un fallo “justo y ajustado a derecho”; y que dado el trabajo que lleva décadas en el pueblo pampeano, la defensa de la soberanía hídrica de la provincia “es una cuestión de Estado”.

El secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, explicó que el intento de “Portezuelo del Viento” y todas las marchas y contramarchas alrededor del proyecto obedece a una “construcción para quedarse con el agua del Río Colorado y poner una represa como es la táctica histórica de Mendoza. Se convierte en un embalse que se apropia del agua y a partir de ahí hacen un manejo autoritario sin ninguna posibilidad de consensuar entre las partes».

Recordemos que no es el único antecedente de disputa por los recursos hídricos entre Mendoza y La Pampa. El conflicto por las cuencas de los ríos Atuel y Salado – ambos con naciente cordilleranas en Mendoza y con cauces inferiores en tierras pampeanas – datan desde hace casi un siglo. De hecho Lastiri, ejemplificó la posición provincial respecto de “Portezuelo del Viento” a partir de los grandes daños, impactos y modificaciones al ambiente, al territorio y a la población que sufriera la provincia, por el endicamiento aguas arriba del Atuel y la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Cuarcó».

De hecho, La Pampa, anunció días atrás que a la espera de que Mendoza cumpla con lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicias de la Nación de liberar y mantener constante un caudal de 3,2 metros por segundo del río Atuel, diversos organismos provinciales iniciaron las obras de acondicionamiento y reperfilamiento del antiguo cauce en la zona comprendida por la Puntilla y Algarrobo del Águila. El objetivo es que, tras más de 70 años del corte de circulación de aguas rio arriba, el restablecimiento del caudal mínimo no inunde o dañe las ya perjudicadas tierras y posesiones de productores y habitantes de la zona.

Un conflicto que encierra una concepción de país

El problema de fondo aquí es el federalismo liberal o de signo negativo como nos gusta describirlo desde esta Redacción. Más allá de los hechos que datan desde hace más de 70 años, la Constitución de 1994 indica que los recursos naturales son propiedad de las provincias, atento a la doctrina de los “pactos preexistentes” a la organización nacional.

Sin embargo, la doctrina está basada en una parte segmentada de los múltiples pactos que rigieron las relaciones interprovinciales antes de 1852. Básicamente, la Constitución Nacional – liberal de cabo a rabo -, ignora algunos postulados de la mencionada tradición, acordados oportunamente entre las provincias que se oponían a las intenciones centralistas porteñas (ni siquiera bonaerenses).

Entre ellas, el acuerdo de autonomía en lo correspondiente a lo particular, y asistencia mutua en las cuestiones comunes, como la defensa, las industrias y los recursos naturales. No hay que transcurrir por los claustros universitarios para comprender que si se corta un río aguas arriba, los perjudicados serán todos los habitantes y sistemas productivos de aguas abajo.

Mendoza por su parte, alega que necesita agua, y que Constitucionalmente el Estado de Derecho la asiste; más allá de que así también lo afirman los “pactos preexistentes”. Así lo ha hecho a lo largo del tiempo con los cauces de los otros ríos mencionados.

Aquí hay otro condimento que hace reflotar otro conflicto más que centenario en nuestra tierra. Hay posturas -pro mendocinas – que afirman que La Pampa en tanto entidad provincial, no se constituyó como provincia hasta mediados del siglo XX. Por lo tanto lo de los acuerdos pre-existestes y diferencias doctrinarias, no es un argumento que pueda usar. Además – se agrega – por aquellos años La Pampa era “territorio indígena”, y el Estado Nacional no ejercía soberanía efectiva.

Los pro-pampeanos contestan a esto último con una mejor razón: existieron pactos entre jefes indígenas y gobernadores de las provincias en distintas épocas, nunca reconocidos por las autoridades liberales porteñas y sus provincias afines. Pero, dicen otra cosa más: que si fuera por las tierras que eran o no “territorio indígena” en las épocas de los pactos referidos, Mendoza llegaba hasta el río Las Tunas. Por lo tanto, los cuyanos no podrían alegar derechos preexistentes sobre algo sobre recursos que no gobernaban.

Más allá del laudo presidencial, las posturas encontradas dentro de COIRCO y los antecedentes históricos para los cuales también existen dos bibliotecas, hay un conflicto de fondo que tiene alcances geopolíticos: el poder de decisión de la marcha de los pueblos lo ejercen aquellos que poseen el control de territorio y sus recursos. Tal vez, el recurso más valioso y sobre el cual se erigen o se hace posible el uso de los demás es el agua.

Quien gobierne la suerte de las aguas, podrá incidir en el presente y en el futuro de los países. Para ejemplos ambos lados del espectro de simpatías, están Israel y Libia.

Lo realizado por Gadafi en la hermana nación africana es digno de destacar y estudiar. Transformó el desierto en un vergel con un sentido emancipatorio y de vocación africanista. Obviamente, el trabajo de más de cinco décadas, fue interrumpido por la invasión de OTAN – Estados Unidos.

En sentido contrario, aunque con la misma calidad de pericia, fue lo realizado por Israel en sus tierras ocupadas. Han hecho brotar agua de las piedras y aprovechan al máximo cada gota, a pesar de la opresión que sufre el pueblo palestino y los estados vecinos.

Por último, fíjense con quién viene haciendo acuerdos nuestro Gobierno Nacional y las provincias en materia hídrica. Una pista: Gadafi fue asesinado en 2011.

Fuente: Poder Ejecutivo Nacional / Gobiernos de las provincias de La Pampa y Mendoza