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Privatizaciones noventeras: la jodita de las hidroeléctricas

Falta un año para que se venzan las concesiones de las represas situadas en las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Río Negro. Las provincias implicadas proponen nacionalizarlas y crear una nueva HIDRONOR para su explotación. Desde el Gobierno Nacional no se conoce una opinión concreta. Sin embargo, varios apellidos se cruzan también con Vaca Muerta.
Redacción
Estamos transcurriendo años donde sucesivamente se irán venciendo las concesiones realizadas durante la década del ’90 sobre empresas y dependencias estatales de todo tipo, pero fundamentalmente estratégicas en términos de desarrollo productivo y económico. Así las centrales hidroeléctricas no son la excepción, y durante el mes de julio de 2023 se vencerán los contratos, y desde hace varios meses comenzaron los movimientos y las propuestas respecto de ellas.
Les recomendamos que busquen dos interesantes informes respecto de ellas, que fueran publicados por el diario La Maña de Neuquén – de la ciudad homónima – y por la Agencia ADN de la ciudad de Viedma en Río Negro. Allí, con diferentes hilos conductores se explica e informa el estado de situación de esos contratos.
Pero pasemos en limpio. Las hidroeléctricas a las que nos referimos, construidas entre 1972 y 1999, situadas sobre las cuencas hídricas de Río Negro y Neuquén, fueron entregadas a concesión en 1993 por el gobierno de Carlos Menem. Citaremos textualmente un detalle publicado por una de las fuentes mencionadas, donde se explica a grandes rasgos la situación de cada una de las empresas:

El Chocón y Arroyito: Generación El Chocón SA, anteriormente conocida como Hidroeléctrica El Chocón S.A. (H.E.C.S.A.), es la empresa que maneja las dos presas. Fue otorgada en concesión a partir del 11 de agosto de 1993, por el término de 30 años al consorcio Hidroinvest S.A.- Sociedad controlante con el 59% de participación. Es un grupo de origen italiano que en la Argentina también tiene participación en Enel Generación Costanera (ex Central Costanera), Central Dock Sud y Enel Green Power Argentina, en Generación; Enel Trading Argentina S.R.L. (ex Cemsa) en Comercialización; Edesur S.A. en Distribución; y TESA, CTM y Yacylec en Transporte. Desde 1999 cotiza en la Bolsa de Milán
Planicie Banderita y Central Alto Valle: Están administradas por Orazul Energy que es la operadora del fondo de inversión I Squared Capital que fue fundado en 2012 por el egipcio Sadek Wahba. Adquirió los activos de la norteamericana Duke Energy en Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú. I Squared Capital tiene inversiones en proyectos de energía, servicios públicos, transporte y telecomunicaciones en América del Norte , Europa y en economías de alto crecimiento, como India y China. Es accionista minoritario de las centrales Termoeléctrica San Martín, Termoeléctrica Manuel Belgrano y Central Vuelta de Obligado. Forma parte de Inkia Energy, un grupo energético con presencia en 9 países de América Latina, dedicado a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
Alicurá: Desde agosto del 2000 es operada por AES Argentina, subsidiaria de AES Corporation de EE.UU, que se define como “uno de los principales inversores en negocios de largo plazo del sector eléctrico nacional”. Está presente en el país desde 1993 y es el concesionario original. Opera 8 plantas de generación ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Salta y San Juan, y tiene participación accionaria en las Centrales Termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín, ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. En Neuquén además invirtió en la instalación del parque eólico Vientos Neuquinos. AES Corporation fue fundada en enero de 1981 por Roger Sant y Dennis Bakke. Tiene su sede en Arlington, Virginia, y tiene negocios en generación y distribución de energía eléctrica en 27 países.
Pichi Picún Leufú: Fue otorgada en concesión en 1999 a Petrobras que, luego, pasó a manos de Pampa Energía, la empresa fundada en 2005, por Marcelo Mindlin quien, junto a sus socios, Damián Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Torres, compró el Frigorífico Pampa. Si bien, que cotizaba en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, no tenía actividad comercial alguna. En 2008 esa empresa se convirtió en Pampa Energía que hoy tiene gravitación en el 10 campo de la energía eléctrica, y en el transporte y producción de gas. También en la región posee la central térmica Loma de La Lata. Produce gas en El Mangrullo, Sierra Chata, Río Neuquén y Rincón del Mangrullo. Participa en el bloque Parva Negra Este, Las Tacanas Norte, Rincón de Aranda, Chirete, entre otros.
Piedra del Águila: Desde 2006 es manejada por la Sociedad Argentina de Electricidad, Sadesa, conformada por accionistas del grupo Miguens-Bemberg e inversores encabezados por Guillermo Reca. Adquirió la empresa Hidro Neuquén, controlante de Hidroeléctrica Piedra del Águila y la Central Puerto.

Habrán observado los lectores, que varias firmas y apellidos se repiten y superponen con los intereses ligados a la explotación de Vaca Muerta, los gasoductos, puertos y demás negocios asociados.
Volviendo a las concesiones, a la fecha, y ante los sucesivos requerimientos de los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro, no hay definiciones sobre el tema del gobierno nacional; y tanto la la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) como el Organismo Regulador de Seguridad de Presas del Comahue (ORSEP), entregaron un informe a ambos gobernadores, donde se detalla el estado de las represas, y los incumplimientos de las concesionarias y de la Secretaría de Energía de la Nación respecto de la liquidación de las regalías, por $ 983 millones – algo más de 8,3 millones de dólares.
Ese dinero corresponde a la deuda del canon del periodo que va desde 2013 a marzo de 2022; años donde por entonces, los respectivos gobernadores provinciales, se “corrían” de la figura de la figura de la entonces Presidenta de la Nación para “apearse” de cara a las legislativas de aquel año, con el “candidato del momento”: Sergio Massa. Entonces derivaron una serie de “interrupciones”, que no alcanzaron a compensarse para 2015; y que luego, entre Macri, la pandemia, el Fondo, y la permanente amenaza de la invasión de una manada descontrolada de rinocerontes, han impedido que esos fondos se canalicen.
El informe también contiene un panorama del estado de seguridad de las instalaciones, y un cálculo estimativo de las denominadas “ganancias extraordinarias” que han tenido las concesionarias en perjuicio de los organismos locales, que son los encargados de llevar adelante los monitoreos.

Según las fuentes consultadas, la AIC realizó un reclamo administrativo que derivó en un juicio ejecutivo para que la Secretaría de Energía de la Nación certifique ese pasivo de las concesionarias. Fue así que en 2019 se radicó un amparo por mora –por 23 cánones eléctricos– en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fiscal se expidió y en base a esos fundamentos, el mencionado tribunal se declaró incompetente, y el caso está ahora en el pozo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Las provincias en cuestión, solicitan que se implemente algo lógico ante esta situación: piden el control de las hidroeléctricas para su administración, junto con el Estado Nacional; reeditando lo que fuera HiDRONOR SA (Hidroeléctrica Norpatagonia). Es decir, una empresa pública bajo la forma de sociedad anónima con mayoría estatal. La firma se encargaría en su defecto de la producción, distribución y comercialización de energía hidroeléctrica, así como la evaluación y construcción de centrales hidroeléctricas en la Patagonia.
Se dice también que la gobernadora Arabela Carreras y el gobernador Omar Gutiérrez, firmaron un acta acuerdo para analizar y formular propuestas provinciales ante la finalización de las concesiones, al tiempo que ratificaron la conveniencia y necesidad de intervenir en la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial y preservación de los aprovechamientos hidroeléctricos. Algo que, a todas luces y fundamentalmente en principio, es coherente: el recurso hídrico, sus cuencas, y sus usos, son patrimonio natural y estratégico de la Nación y las provincias. Resulta insultante que su control esté en mano privadas; más allá que desde esta Redacción ignoramos qué piensas al respecto Carreras y Gutiérrez.

La cosa va a traer cola, porque además y supuestamente, desde el Gobierno Nacional se apoyaría la postura que tendría la Secretaría de Energía de Nación – conducida por un neuquino -, de volver a concesionar las centrales por un período que oscilaría entre los 20 y 30 años, con “la obligación de las nuevas operadoras de llevar adelante las inversiones necesarias para modernizar y extender la vida útil de las turbinas y los equipos generadores”.
Esto último podría ser pescado podrido, dadas las internas políticas. Sin embargo, teniendo en cuenta la postura del gobierno nacional ante las otras concesiones que se vienen venciendo, que las mismas se prorroguen un par de años y que luego se renueven por otras tres décadas, no sería de extrañar: el liberalismo es así.
Por último, algunos datos de la facturación de energía de las represas. Según se informó, rondarían los 800 millones de dólares.
Una montaña de guita por la producción de Cerros Colorados-Planicie Banderita, con 1450 MW; El Chocón-Arroyito, a cargo de la italiana Enel, con 1320 MW; Portezuelo Grande-Loma de la Lata, a cargo de Orazul Energy; Alicurá, de AES, con 1000 MW y Piedra del Águila, de la Sociedad de Energía SADESA Central Puerto. Pichí Picún Leufu, explotada por Pampa Energía que produce 261 MW, cuenta con una concesión que vence en el 2029.

Fuentes: La mañana de Neuquén / ADN Río Negro

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