El siguiente artículo se tituló en su publicación original “Galápagos ¿entre jaque o mate?”, y su autor es el periodista Juan J. Paz y Miño Cepeda. Si bien data del 12 de junio, el tema no ha perdido actualidad, porque devela un mecanismo que se viene aplicando en Argentina ininterrumpidamente desde mediados de la década del ’90.

Redacción

El pasado 9 de mayo de 2023, Ecuador anunció un canje de deuda con el objetivo de mejorar las perspectivas de protección marina en Galápagos. Esta operación sigue la tendencia iniciada en 2018 por Seychelles y seguida por Belice (2021) y Barbados (2022). El canje de deuda extenderá la estructura de plazos del 1 % de la deuda pública de Ecuador y respaldará el ahorro fiscal a mediano plazo sobre la base del valor presente neto (VAN), al tiempo que generará una lucrativa oportunidad comercial para quienes estructuran y aseguran el canje. Este canje se ha presentado por parte del cuestionado y deslegitimado gobierno de Guillermo Lasso como un gran avance, dado el nivel aparente de ahorro para Ecuador en la operación de recompra de deuda, pero cuando se analizan los detalles, el esquema genera preocupaciones importantes.

Las islas Galápagos son famosas en todo el mundo. Aún quienes no las han visitado conocen sobre su fauna y las asocian a Charles Darwin, quien las visitó en 1835 y realizó allí las investigaciones que le permitieron formular su teoría sobre el origen de las especies. No todos saben que pertenecen a la República del Ecuador, que fueron descubiertas por Tomás de Berlanga en 1535 y que fue Juan José Flores, el primer presidente en la historia republicana del país, quien tomó posesión soberana de las islas el 12 de febrero de 1832.

Las Galápagos comprenden 13 grandes islas, 9 medianas y más de 100 islotes. Desde la época colonial fueron usadas por piratas, cuya historia la rescata Sebastián Donoso Bustamante en su libro Piratas en Galápagos: 1680-1720. Algunos colonos que se establecieron en el siglo XVII se interesaron en la explotación de grasas y aceites. Entre mitos y exotismos, las islas siguieron aisladas. Pero desde Darwin, la presencia inglesa marcó sus nombres, pues cada isla tuvo alguno que se conservó largamente (Albemarle, Narborough, Indefatigable, James, etc.), hasta que se impusieron las denominaciones nacionales (Isabela, Fernandina, Santa Cruz, San Salvador, etc.). A comienzos del siglo XX el colono Manuel Julián Cobos, considerado el “emperador” en Galápagos, estableció un ingenio azucarero. También existió una colonia penal. Hoy el Archipiélago constituye una provincia, con administración especial, crecida población y cuya base económica es el turismo, que el Estado ha procurado controlar. La Unesco declaró a las islas como Patrimonio Natural de la Humanidad (1979), aunque tiene altos riesgos medioambientales.

Las alejadas islas Galápagos y su casi nula significación económica para los gobiernos del Ecuador en el siglo XIX, hicieron pensar en la posibilidad de arrendarlas e incluso venderlas. También fue acusado de esa posición el caudillo liberal-radical Eloy Alfaro. Pero él mismo relata, en Historia del Ferrocarril del Sur, que en 1895, todavía como Jefe Supremo, recibió la propuesta de cinco millones de Libras Esterlinas por el Archipiélago, que rechazó; que en 1898 le ofrecieron 300 millones de francos por las mismas islas y que también lo rechazó; que, además, dio un informe reservado sobre ello al Congreso, que sirvió para acallar a los conspiradores que, sin embargo, continuaron oponiéndose al ferrocarril; y que nuevamente volvió a recibir ofertas sobre las Galápagos a fines de su segunda administración. En Consejo de Ministros se resolvió consultar en cada provincia la opinión de los “vecinos principales” y Alfaro pasó una circular a los gobernadores, en la que pidió: “Mi deseo sería, si fuera posible, oír la opinión de todos los ecuatorianos, á fin de proceder con el dictamen y acuerdo de las mayorías”, sin exceptuar a ningún partido político, para consultarles sobre el arrendamiento de las islas. Esa circular, dice Alfaro, incendió a los confabuladores, azuzados por la prensa de oposición. Sin embargo, Alfaro cortó todas las reacciones, aclarando que la supuesta negociación no se realizaría. “Con esta contestación de mi parte, se desatendió el Gobierno en el asunto arrendamiento; pero no así los opositores que siguieron propalando rumores falsos que favorecieran sus planes proditorios”.

El Archipiélago, que siempre despertó el interés de Gran Bretaña y Francia, también estuvo en la mira de los Estados Unidos. En 1883 el Senado las consideró “tierra de nadie”; tras la construcción del Canal de Panamá fueron vistas como islas estratégicas para defenderlo; durante la I Guerra Mundial también fueron consideradas; en 1935 se pretendió la “internacionalización” de las islas bajo orientación monroísta; pero fue durante la II Guerra Mundial cuando manu militari los EE.UU. establecieron una enorme base en la isla Baltra, quedándose allí hasta 1948, aunque hubo, de por medio, un acuerdo reservado con el gobierno de Carlos Arroyo del Río; y durante la larga época de la Guerra Fría, bajo la ideología del americanismo, las Galápagos fueron, sin duda, una región geoestratégica para la posible defensa de la costa sudamericana del Pacífico.

En tiempos contemporáneos ya no solo pesan los intereses geoestratégicos, sino el espíritu de los buenos negocios. La pesca ilegal, que pone en riesgo a Galápagos como patrimonio universal, resulta incontenible. El turismo, cada vez masivo, también tiene riesgos. Y, sin duda, el interés por explotar recursos o extender infraestructuras y construcciones. Es un tema complejo, que requiere de la decisiva imposición de políticas de Estado. Pero el asunto no funciona como el ideal busca. Durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) se denunció la posibilidad de convertir nuevamente al Archipiélago en una base de acceso militar para los EE.UU., algo que no se aclaró totalmente. Su sucesor, Guillermo Lasso, expidió el 9 de mayo (2023) el Decreto 735 con cuatro páginas de “Considerandos”, en los cuales se argumenta y justifica, que “se contempla el establecimiento de la corporación sin fines de lucro ¨GALAPAGOS LIFE FUND¨ (GLF), cuyo objeto es promover el mantenimiento, crecimiento y seguridad del capital natural de las Islas Galápagos y sus ecosistemas marinos mediante la concesión de subvenciones o la financiación de proyectos de organizaciones, agencias gubernamentales y otras entidades para proyectos medioambientales y de desarrollo sostenible pertinentes, teniendo en cuenta cuestiones de biodiversidad, sociales, económicas, de sostenibilidad y de cambio climático y pignorando activos para garantizar préstamos y otras obligaciones en apoyo de dicho propósito, en cumplimiento del marco normativo nacional”. Se crea un Directorio, en el que participan cuatro ministerios y el Consejo de Gobierno de Galápagos, que decidirá sobre el uso de los “Fondos de Cooperación”.

Pero ha sido el blog JACOBIN, el que ha puesto una alerta al Ecuador y al mundo. De acuerdo con el artículo de Justin Villamil, Ecuador reduce la deuda en más de mil millones de dólares y proporciona alrededor de $12 millones al año para los esfuerzos de conservación en Galápagos, así como $5,4 millones adicionales para generar una dotación permanente, todo durante los próximos dieciocho años. Un asunto que luce “histórico” y loable. Pero agrega el autor que los detalles son menos halagüeños: los fondos de conservación serán gastados por un fideicomiso especial llamado Galapagos Life Fund, una compañía de responsabilidad limitada registrada en Delaware, dirigida por once directores: cinco del gobierno de Ecuador y seis externos. Y Villamil anticipa su conclusión: “Ecuador ha cedido el control soberano de las Islas Galápagos a un fideicomiso independiente con sede en los Estados Unidos”.

En forma apresurada, el gobierno, a través de la Secretaría de Comunicación, ha tenido que salir a defender el fideicomiso y atacar las críticas, centrando su argumento en que Ecuador no ha cedido ningún tipo de control sobre la soberanía nacional de las Galápagos; que GLF es una “entidad privada”, cuyas inversiones provienen de fundaciones y no de fondos públicos; que en el Directorio hay 8 nacionales y 3 extranjeros; y que el fondo queda “fuera de influencias políticas”. Admitiendo la aclaración, la transparencia no está garantizada y mucho menos en una entidad privada que se superpone a las capacidades del Estado y su obligada institucionalidad. ¿Qué pensar sobre un fideicomiso constituido en Delaware, Estado considerado como “paraíso fiscal”? La posibilidad de que esta tendencia y la orientación económica “libertaria” y empresarial cambien en agosto de 2023, gracias a las elecciones forzadas por la “muerte cruzada”, es un asunto incierto.

Fuente: Cronicon / Historia y Presente