El Ejecutivo provincial impulsa una ley en la legislatura, con el objetivo de regular el manejo del recurso. Entre los productores existe disconformidad por algunos aspectos de la normativa.

Redacción

La provincia cuyana impulsa en la legislatura, la iniciativa conocida como “Ley de Fomento de la Eficiencia y Sostenibilidad Hídrica”, y se trata de un proyecto presentado por el propio Poder Ejecutivo sanjuanino. Bajo el Expte 3319/22, la normativa tiene como uno de sus objetivos principales, la entrega diferenciada del agua en función de las distintas producciones locales.

Tal proyecto no ha dejado de concentrar críticas desde el año pasado. Según las juntas de regantes de distintos sectores de las regiones agrícolas de San Juan, el proyecto que ahora estaría por ser tratado en la Legislatura, no se abordó ni discutió en la denominada “Mesa permanente de gestión integrada del agua”. Ámbito de encuentro entre las autoridades gubernamentales y los productores.

El proyecto de ley fue construido por el Departamento de Hidráulica, de la Secretaría de Agua y Energía, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de San Juan. Según se informa oficialmente, la norma propone cuatro puntos fundamentales.

Por un lado, propone la aplicación de un Sistema Integrado de Información Hídrica, en el cual deberán confluir un sistema de Información Geográfica, un banco de proyectos de obras y una biblioteca de estudios realizados por instituciones científico-técnicas.

En segundo lugar, impulsaría una planificación hidrológica, con el objetivo de establecer los criterios de “utilización plurianual del agua”. Es decir, ponerle número a la cantidad de agua disponible por año, un balance hídrico de cada cuenca, contando los acuíferos, los embalses, y la demanda.

Tercero, impulsa un programa de acceso voluntario al uso eficiente del agua, para orientar la realización de obras y la aplicación de tecnologías que respondan a la demanda de los regantes. Por último, y al igual de lo que ocurre en otras provincias con riego asistido, se hace lugar a la constitución de asociaciones para administrar la entrega del recurso a los usuarios.

Según el portal agropecuario “Bichos de Campo”, que también le dio cobertura al tema, el proyecto de ley – presentado por el Ejecutivo a fines de 2022 -, arrojó una serie de dudas e interrogantes entre los productores.

Una de las quejas principales fue que si bien la ley estipula el no pago por cinco años de la tasa retributiva, eso sería posible a cambio de asociarse durante veinte años a un consorcio. Según por productores, eso dificulta e interfiere en la disponibilidad y valor de venta porque no se puede incluir en la tasación las obras de la infraestructura de riego.

De ser así el razonamiento, cabe una de cal y una de arena: si bien un consorcio de regantes no es la alternativa ideal para organizar y coordinar un sistema de riego regional – basta examinar las experiencias patagónicas -, la infraestructura del riego es producto de la inversión estatal y por lo tanto aumenta el valor de venta de cualquier parcela. Funciona de la misma manera que el asfalto en las zonas urbanas: una propiedad no tiene el mismo precio de mercado si la calle es de tierra.

El otro punto que causó inquietud, es el de la entrega diferencial del agua. La disputa aquí está en si la aplicación de los coeficientes que determinan la cantidad de metros cúbicos por hectárea que corresponderán a cada año para cada regante, están atados y relacionados a la producción específica o a disponibilidad de agua según la época del año. El reclamo, es que según los productores, el texto base de la normativa no es claro al respecto.

Más allá de las quejas de los productores, se espera que el proyecto sea aprobado por la legislatura sanjuanina, lo cual le permitirá ala provincia poder prospectar las decisiones sobre el recurso. Se espera que la administración del mismo, no salga de la égida estatal.

Fuente: Gobierno de San Juan / Bichos de Campo