Columna destinada a mover la cabeza. Si temes hacerlo, no la leas. Compartimos el siguiente artículo escrito por Solange Martínez* y publicado el pasado 27 de marzo. El mismo da cuenta de una serie de hechos relativos a los alineamientos internacionales del actual Gobierno Nacional, y sus consecuencias políticas. Tenga en cuenta el lector una cosa: el texto fue publicado días previos a la llegada de la generala norteamericana Laura Richardson, y de que se conociera el desfinanciamiento de la CNEA.

Por Editor Federal

A mediados de marzo el gobierno argentino anunció la firma de un convenio que autorizó la operación de ingenieros norteamericanos ligados a la Armada de los Estados Unidos en la Hidrovía Paraná-Paraguay, sin pasar por el Poder Legislativo nacional. Días antes, el 23 de febrero, el canciller estadounidense Antony Blinken viajó a Brasil y a nuestro país, donde se reunió con su par Diana Mondino, el Ministro de Economía, el Ministro del Interior y el Presidente. En una de las conferencias de prensa que ofreció, aseguró el siempre renovado interés de su gobierno por el incremento del comercio y la inversión entre nuestros países[1].

La agenda se extendió a la asociación en sectores clave como la “energía limpia”, estratégica en la fase financiera y tecnológica del capitalismo que transitamos mundialmente. La letra no tan chica de este tipo de asociaciones coloca históricamente a nuestra región en el lugar de proveedora de materias primas sin agregado de valor —conocimiento y trabajo— en origen. Resulta indiscutible a esta altura de la civilización pospandémica que la transición hacia una economía digitalizada es menos dependiente de los tradicionales recursos fósiles y más diversificada, en términos de recursos minerales imprescindibles en la cuarta revolución industrial tales como el litio —comprometido con Elon Musk— del que Argentina dispone en abundancia, junto con Bolivia y Chile.

La visita de Blinken constituyó la antesala del reciente anuncio que la prensa hegemónica argentina silenció, a pesar de la gravedad que comporta la decisión del Ejecutivo Nacional de firmar un memorando de entendimiento entre nuestra Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos a espaldas de la sociedad argentina. Porque habilitaría el “intercambio de información, capacitación y cooperación” en la gestión de un curso de agua vital para la región como es la Hidrovía Paraná-Paraguay, por la cual transitan gran parte de las exportaciones de Argentina y Paraguay y que también desempeña un papel fundamental en la ruta del narcotráfico, flagelo social en nuestro país y la región.

Vale historizar que hubo un fallido intento anterior en 2016 durante los gobiernos de Mauricio Macri y su par Horacio Cartes. El gobierno argentino de Alberto Fernández frenó un nuevo intento. El problema para los intereses nacionales es justamente que no tienen las mismas limitaciones las administraciones de Santiago Peña y Javier Milei, pudiendo avanzar en la entrega del territorio a la injerencia estadounidense, no necesariamente por la instalación de una nueva base militar de modo tradicional sino mediante la diplomacia entre Estados, como parte de una estrategia de poder “blando” o soft power.

Desde el 10 de diciembre de 2023, el gobierno trazó un claro programa en materia de política exterior caracterizado por el establecimiento de relaciones privilegiadas con Estados Unidos e Israel, avanzando en alianzas con movimientos neoconservadores en la arena internacional y el anuncio —más deseado que real— de la muerte del globalismo, cuyo máximo exponente es el presidente Joe Biden. La preferencia por el trumpismo no parece un inconveniente para ceder ante las exigencias de la administración demócrata, preocupada por el control territorial de Latinoamérica y el Caribe para frenar el avance del gigante asiático mediante el despliegue del “Cinturón y la (nueva) Ruta de la Seda”.

El actual gobierno es un acérrimo defensor de la desregulación total de la economía y el comercio, condición indispensable para la entrega y privatización de las principales empresas estatales y los recursos estratégicos naturales y científicos nacionales. Así fue explicitado en cada oportunidad, desde la 54ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos hasta la agenda de reuniones trazada por la Cancillería en estos meses de gestión. La canciller, funcionarios de su cartera y del CONICET han sido los responsables de negociaciones con empresarios y autoridades de la Unión Europea, el Reino Unido, Francia, Italia, República de Corea, Singapur, Polonia, India, Japón, Australia, los Emiratos Árabes Unidos y Uruguay, a tal fin.

Entre los principales intereses del gobierno argentino se destaca el cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la incorporación del país a la OCDE y el fortalecimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), en detrimento de la pertenencia a bloques de integración regional tales como la CELAC y la UNASUR. La participación en el MERCOSUR se sostiene con una perspectiva de carta de negociación en acuerdos bilaterales con nuevos socios, minando la potencia integracionista de los países que lo componen, con la reciente incorporación plena de Bolivia gracias a las habilidades del presidente brasileño Lula Da Silva. A este plan programático se suma el rechazo al ingreso efectivo de Argentina al potente BRICS, aprobado a finales del 2023, también gracias al empuje de Lula.

En materia energética los recursos minerales que se encuentran bajo las administraciones provinciales, fundamentalmente el “oro blanco”[2], son el objetivo de las empresas trasnacionales que comandan la mentada transición hacia una “economía verde” con sustentabilidad. Un eufemismo, para los países dependientes, de la renovada estrategia de subordinación estructural de la región a los intereses extranjeros, en tanto proveedora de materias primas como simples commodities.

El modelo extractivista y de primarización productiva se explicitó en el nuevo “Pacto de Mayo”; se trata de un escenario abierto frente a las masivas protestas en la calle, la resistencia de variopintos gobernadores y algunas derrotas en la imposición de un nuevo pacto fiscal y la “Ley de Bases”, que legitimarían institucionalmente el desguace del Estado argentino.

Los objetivos y la ruta dibujada son evidentemente de retracción del poder de maniobra para tomar decisiones soberanas sobre las riquezas y activos nacionales. Sin una fuerza política de oposición suficiente para frenar este plan, el horizonte del país conjuga el desmantelamiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) junto con su empresa de tecnología Y-TEC, la venta de ARSAT, su Red Federal de Fibra Óptica, su flota satelital y su centro de datos; la privatización de Energía Argentina S.A (ENARSA) y la Nucleoeléctrica Argentina S.A, entre otras.

La supeditación del sistema científico y tecnológico argentino a los intereses foráneos es prácticamente un hecho. Prueba de ello es el congelamiento del presupuesto para el CONICET, un organismo reconocido en el mundo por sus logros, que se suma a la creación exprés de un consorcio tecnológico con la participación de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para desarrollar conocimiento “de exportación”. Nada se sabe de cuánto redundaría positivamente esto en la solución de los cada vez más amplios y urgentes problemas nacionales.

Por estos días en Argentina se conmemoró un nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La fecha remite al golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976 que abrió paso al plan económico de Martínez de Hoz, centrado en la especulación a gran escala y la valorización financiera, combinadas con el comienzo del aumento del endeudamiento público sin precedentes y la destrucción de la producción nacional. Se quemaron miles de puestos de trabajo público y privado y se destruyó la capacidad adquisitiva de los salarios de aquel momento.

En tal sentido y en esta particular coyuntura de degradación democrática, a 40 años del simbólico “Nunca Más” parece justa la pregunta por las profundas y peligrosas consecuencias sociales de la ausencia de soberanía en el ámbito de la política exterior, que aunque parezca alejada de la cotidianeidad popular, es condición sine qua non para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de las y los 46 millones de argentinos.

*Solange Martínez es investigadora del CEIL Manuel Ugarte (UNLa), conductora de Esquina América por radio Megafón UNLa y analista argentina del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). El título original del artículo es: “Sin una política exterior soberana ¿es posible hablar de democracia?”

NOTAS

[1] https://ar.usembassy.gov/es/visita-del-secretario-blinken-a-la-argentina/

[2] Ver http://centrougarte.unla.edu.ar/geopolitica-de-recursos-estrategicos/litio

Fuente: Viento Sur