La reforma de pesca del Gobierno provocará una catástrofe industrial y regional. Nadie abre su mar a la libre explotación de sus recursos pesqueros. Este modelo no se aplica en ningún país desarrollado.

Por César Lerena*

La Ley Ómnibus sobre la reforma de pesca provocará una catástrofe, no solo en la industria pesquera, sino en las áreas más desprotegidas de la nación. El proyecto demuestra que el Gobierno generaliza «el modelo libertario» y tiene un diagnóstico pesquero equivocado o existe una intencionalidad de abrir el mar a la explotación extranjera, por el diseño en el que elimina toda traba al ingreso de buques extraños.

En la actividad pesquera se observan un montón de cuestiones a optimizar, al igual que en los organismos y sistemas del Estado administrador, por lo que entendemos que es necesaria una reforma de la ley, pero, no la que propone el Gobierno, ya que la pesca puede prescindir de todo subsidio, compite con éxito a nivel internacional en los mercados más exigentes, paga derechos, impuestos y tasas y aranceles al momento de ingresar a los países de destino. 

La pesca exporta el 95% de lo que captura; ahora se les impone retenciones y, gran parte de las empresas son integradas, utilizan tecnología de punta y ejecutan en forma directa la captura, la industrialización y el comercio internacional. No hay pools. Deberían aumentar el valor agregado de sus productos para llegar a las góndolas de los países consumidores, es cierto, pero ello también se debe a incapacidad de los gobiernos y la Cancillería de llevar adelante los acuerdos necesarios que abran la Argentina al mundo.    

Las empresas radicadas en la Argentina son de capital nacional y extranjero y, es más, siete de las diez principales empresas pesqueras son de capital extranjero: no se puede decir que se haya protección a las empresas nacionales. Por el contrario, «no pescan en la pecera», compiten contra las empresas más importantes del mundo, muchas de ellas subsidiadas, que desarrollan sus actividades con bajas tasas de inflación; acceden a subsidios y créditos blandos para la construcción de buques, etc. y están en el centro del consumo mundial.  

En Argentina, está abierta la importación de productos pesqueros, pero en general no pueden competir con los productos nacionales, a pesar de la paridad cambiaria, las cargas e inflación que licúa la rentabilidad.   

Esta reforma está destinada a abrir el mar a los Estados de Pabellón y a destruir una actividad productiva e industrial forjada en el país en forma sostenida y creciente desde hace más de 60 años, reduciendo los ingresos de Argentina; fomentando una mayor evasión; volviendo al extractivismo de inicios del Siglo XX; a generar una desocupación nunca vista en el sector y desolar el litoral marítimo patagónico y a terminar con uno de los recursos más importantes y genuinos de «la ciudad feliz». 

Nadie abre su mar a la libre explotación de sus recursos pesqueros. Este modelo, no se aplica en ningún país desarrollado. Propone un procedimiento arcaico que sostienen unos pocos países sin desarrollo pesquero, como Cuba, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, la República Dominicana y algunos países africanos. 

Es un modelo de «exportación de ganado en pie» que llevó adelante el Virreinato y hoy aplican los isleños británicos en Malvinas, otorgando licencias a buques extranjeros con motivo de que no han podido desarrollar sus pesquerías, precisamente, porque quienes pescan con licencias se llevan las materias primas para procesarlas a bordo o transformarlas en sus países, como es el caso de España, el principal socio en la materia.

Accesoriamente, le abrirá las puertas a buques depredadores que pescan los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE). Un desatino, que repudian todos organismos especializados, comenzando por FAO o las Naciones Unidas que llevará de 500 buques operando fuera de las 200 millas argentinas a unos 1.100 buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses y… británicos en las costas del sudeste bonaerense y el litoral patagónico. Un despropósito biológico, que además de quebrar la empresa nacional producirá el agotamiento del caladero y una afectación del ecosistema, como ya ocurrió en otras partes del mundo, con estos mismos actores que promueve el Gobierno.

El Gobierno no ha podido fundamentar hasta estos días las razones de esta iniciativa y ello ha contribuido a que circulen las más variadas versiones. Desde un fundamentalismo libertario un interés del Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) hasta un negocio económico sin precedentes promovido desde las sombras.

Esta reforma, básicamente, consiste en licitar internacionalmente la obtención de cuotas de captura, permitir la libre importación de buques cualquiera sea su antigüedad, no requerir el empleo de tripulantes argentinos y establecer que las capturas puedan ser descargadas en puertos no nacionales. Accesoriamente deroga la Ley 26.386, de modo tal, que empresas habilitadas por Argentina también podrían pescar en Malvinas con licencias británicas.

Son varios los efectos que provocaría la aprobación en el Congreso de esta desopilante idea: 

La soberanía nacional: como consecuencia del acceso a permisos a buques extraños, el mar estaría ocupado por Estados extranjeros. El propio Estados Unidos, el RUGB y México, han declarado que la pesca es una cuestión de seguridad nacional. El proyecto no contempla si los buques pescarán en el área invadida por el RUGB (no lo hizo la URSS en el Acuerdo implementado por Dante Caputo). Tampoco indica si se admitirá propuestas del RUGB que, podría quedarse con el resto del territorio marítimo argentino y su plataforma continental por unas monedas, además, de los 1.639.900 KM 2 que hoy ocupa y explota. 

La sostenibilidad del recurso: Las empresas que pescan a distancia agotarán el recurso, ya que a la Argentina le resultará imposible asegurar prácticas pesqueras seguras. El proyecto fomenta la pesca ilegal que sufre Argentina y que en Latinoamérica extrae recursos por US$ 12.000 millones anuales.

Las licitaciones internacionales en la pesca: Es un procedimiento obsoleto. Ya se usó y descartó en todo el mundo porque es un procedimiento ineficaz para administrar el recurso biológico y en forma trasparente. Sólo Chile conserva el 15% del total extraíble, destinado a facilitar el ingreso de nuevas empresas nacionales, como producto de una negociación con el sector, a quién les otorgó 20 años prorrogables por 20 años más para la explotación. La actividad pesquera no es una «actividad golondrina», requiere de grandes inversiones en tierra, tecnología, flota y recursos humanos que deben estar a la hora de iniciar la captura.    

La empresa pesquera y, desarrollo regional: esta reforma se producirá el cese del empresario pesquero y naval; la desocupación y éxodo de las áreas más desfavorecidas (la Patagonia) e inclusivo de Mar del Plata. El supuesto «privilegio» de otorgarles la mitad de la cuota a las empresas radicadas en la Argentina al más alto valor oferta, no frenará la caída de las empresas que dependen del principal bien: el pescado.

Las exportaciones y el valor agregado: la eliminación de la obligación de desembarcar en puertos argentinos provocará una reducción de las exportaciones, pérdida de los mercados y consecuente caída de las retenciones y, la reducción del valor agregado en las exportaciones. Ninguna empresa, incluso nacional, desembarcará en los puertos nacionales pudiendo hacerlo en Brasil, uno de los principales compradores de Argentina o, en Uruguay, sin retenciones a la exportación. Es decir, no habrá transformación en las plantas industriales argentinas y se comercializará commodities. Por supuesto, no desembarcar en puertos nacionales, aumentará la evasión, la depredación y el descarte; una mayor evasión y la caída de todas las estadísticas, un insumo fundamental, para asegurar la sostenibilidad y el control del negocio. Pesca a ciegas.

El esfuerzo legal: el gobierno no ha tenido en cuenta la existencia de la «Zona Común de Pesca» con Uruguay implementada con el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, firmado en 1973/4, lo que constituye al menos, el desconocimiento de uno de los Tratados más importantes de Latinoamérica en esta materia. Tampoco la «Zona de Protección y Paz del Atlántico Sur firmado por los países de África Occidental y América oriental e ignora el esfuerzo de los diplomáticos y técnicos argentinos, junto a los de Chile, Brasil, Perú y otros para lograr la aprobación de la Asamblea General de la ONU para asegurar el dominio y la jurisdicción de los Estados ribereños de las ZEE, que hoy se pretenden regalar al mejor postor.

La alimentación en Argentina: Este proyecto transformará a un país netamente exportador en importador de pescados, cuestión que atraviesan países con gran tradición pesquera como la Unión Europea, Japón, China y otros que, a consecuencia de ello vendrán por nuestros recursos proteicos. A contramano, la Argentina pasará de exportar unos US$ 2.000 millones anuales a importar pescados para atender sus necesidades. Menudo problema, el Estado perderá dólares y requerirá más dólares y, estará, en serias dificultades para llevar el consumo anual per cápita de 4,8 Kg. a los 9,8 Kg que consume Latinoamérica o los 10 kg. que consumen los africanos. Por cierto, muy por debajo del promedio mundial de 20kg per cápita.

Hay que reformar la ley. No con una reforma que nos transformará en una republiqueta bananera. 

*El autor es experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

Fuente: El Economista