El Gobierno tiene la chance de nacionalizar Vicentín sin haber hecho demasiado para lograrlo. Si la firma pasa a manos estatales, el Estado Nacional podría volver a ejercer el comercio exterior por sí mismo, aunque sea en un pequeño porcentaje de las ventas externas agropecuarias.

Redacción

La dupla “Fe-Fe” tiene la oportunidad de reivindicar parte de su ausencia de las grandes decisiones políticas de su mandato. El juez que entiende en la causa de la quiebra de la empresa Vicentín, no aceptó la propuesta de la misma para con sus acreedores y ordenó el denominado “cramdown”.

Así, la dupla presidencial, tiene la chance de nacionalizar la empresa sin haber hecho demasiado para lograrlo. Si la firma pasa a manos estatales, el Estado Nacional podría volver a ejercer el comercio exterior por sí mismo, aunque sea en un pequeño porcentaje de las ventas externas agropecuarias.

El juez a cargo del proceso de quiebra de la firma agroexportadora Vicentin, decidió rechazar tanto la oferta de pago presentada por la empresa, como las objeciones planteadas por varios de sus acreedores. Entre estos últimos se encuentran: el Banco de la Nación Argentina, Commodities SA, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Vicentin había pedido la homologación para el cierre del proceso. Sin embargo, el juez Fabián Lorenzini ordenó “la apertura del período de concurrencia” – o “cramdown”-, que según el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, abre la posibilidad para que un acreedor o interesado externo formule una propuesta superadora y se quede con la empresa. Dentro de ese marco, la normativa vigente contempla a las empresas constituidas en sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, sociedades cooperativas, y aquellas sociedades en que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte.

El magistrado, habilitó desde hoy lunes 18 de septiembre hasta el próximo 29, para la presentación de interesados en administrar la compañía.  Los oferentes interesados en la continuidad de la agroexportadora deberán realizar un depósito de garantía de U$S100.000.

En diciembre de 2019, la cerealera entró en cesación de pagos, y luego, en febrero de 2020, se presentó en concurso de acreedores. En su default, de más de US$ 1.500 millones, se vieron afectados un millar de acreedores, entre ellos bancos internacionales por más de US$ 500 millones y el Banco Nación por US$ 300 millones.

El rechazo a la propuesta de Vicentín, según el juez se funda en que la propuesta de la firma, cubría el 100% de los créditos de 816 acreedores con el pago de U$S 30.000. Sin embargo, no contempla en igualdad de condiciones al resto de los acreedores de mayor monto. Además, la empresa no habría ofrecido parámetros claros “para los acreedores que deberán esperar 12 años para cobrar el saldo de sus créditos».

Según se informó, la propuesta rechazada incluía la transferencia de acciones a los denominados «interesados estratégicos», que eran Bunge SA; la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra SA (ex Glencore, con la que Vicentín aún es socia en la planta de crushing de Renova).
Ahora, con el cramdown se abre la posibilidad de que el Estado nacional tome control de la empresa. De hecho, esta salida al Juez Lorenzini se la acercaron un grupo de acreedores encabezados por el propio Banco Nación.

El Gobierno tiene hasta el 29 de septiembre para elevar la propuesta. Vicentín, hasta fines de 2019 manejaba el 8% de las exportaciones de cereales y oleaginosas. Una empresa estatal que ejerza el comercio exterior con esa cuota de mercado inicial, no podrá dominar la totalidad de las operaciones. Pero al menos puede convertirse en una empresa testigo y conocer de primera mano cuánto se comercializa y lo que valen las cosas.

Porque uno de los mayores problemas está ahí: no saber el valor de lo que se produce.

Fuente: Télam / Agrofy / BAE