Los cortes de energía eléctrica domiciliaria desnudaron otra vez una situación que acarrea casi tres décadas de tradición en Argentina: ningún servicio público será eficaz, eficiente y barato mientras la generación, transporte y consumo estén en manos privadas

Redacción

La noticia trascendió las fronteras nacionales. Para el mediodía del miércoles, cerca de 23.300 usuarios continuaban sin suministro eléctrico, tras la masiva interrupción ocurrido el día anterior que involucró a 700 mil a causa del corte de una línea de alta tensión como medida precautoria al posible colapso ante las altas temperaturas reinantes en la Capital Federal y el Conurbano bonaerense. Las excusas de EdeNor y EdeSur fueron múltiples, y las diferentes voces no tardaron en hacerse escuchar.

Por ejemplo, Emilio Apud, ex Secretario de Energía de la Alianza, argumentó que el problema deviene de que los subsidios a los consumidores no incluyen un correlato a la inversión de los concesionarios; y que para el caso de EdeNor y EdeSur cuyo regulador es el Estado Nacional, el desfasaje que tuvieron luego de los doce años de congelamiento de tarifas entre 2003 y 2015, destruyeron su ecuación económica por “la diferencia inflacionaria de casi 1.000 %” – refiriéndose a la cotización del dólar de diciembre de 2015 respecto del mismo mes de 2001 cuando salió del gobierno.

Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, solicitó a las autoridades que se le quite la concesión a la empresa EdeSur, argumentando que “son muchos los reclamos por las fallas del servicio y porque la empresa no realiza las obras comprometidas a pesar de tener ganancias millonarias”.

Ante la sabida emergencia energética que sufría el país, el actual secretario de Energía, Darío Martínez, fijó tres objetivos urgentes al momento de su asunción: primero, llevar a cabo el plan GasAR; segundo construir el gasoducto Néstor Kirchner (Vaca Muerta – Salliqueló – San Jerónimo); y tercero, concretar las obras mencionadas para actualizar el sistema de distribución de energía eléctrica para capital Federal y el Conurbano (el AMBA). Sin embargo, según trascendió desde el mismo Gobierno, desde Economía se habilitaron 30 millones de dólares para modernizar instalaciones de ambas prestadoras. Sin embargo, las previsiones adoptadas de cara a negociar con el FMI hicieron que no se habilitaran más fondos, ejecutando sólo el 30% de las obras pautadas.

Respecto a la posibilidad de multar a las empresas, desde el Gobierno admiten que las prestadoras “no tienen flujo monetario por el retraso tarifario”, a pesar de las ganancias exorbitantes obtenidas durante el macrismo, y como excusa a que los concesionarios acudan al CIADI y que el Gobierno se trabe en un conflicto con dicho organismo. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) es una institución del Banco Mundial.

Respecto a la posibilidad de estatización, fuentes del Gobierno manifestaron que es “impracticable”, porque enfrente se encuentran poderosas empresas multinacionales. Por lo tanto, las inversiones deberá hacerlas el Estado Nacional “que es a quien reclama la gente y a quien en definitiva va a responsabilizar cuando se quede sin luz».

El abanico de excusas conduce a la conclusión de siempre: mientras Argentina no salga de las opciones liberales al frente del Gobierno, no cesará el saqueo de bolsillos y recursos naturales; y será el pueblo argentino quien pague los daños, para que los capitales privados continúen maximizando ganancias.

Fuentes: CAMESA / EconoJournal