Datos del estatus de ciudadanos de segunda que padecen los palestinos naturales y ciudadanos de Jerusalén, convertidos en “residentes” a expensas de la ocupación israelí. Compartimos una nota del portal sobre información de Palestina, con repercusión y agregados en varios medios occidentales.
Redacción
Los habitantes históricos de Jerusalén hoy no son ciudadanos, son solo residentes y las autoridades de la ocupación militar, extranjeros recolectados de todos los rincones de la tierra, les pueden expulsar de sus tierras y hogares ancestrales, tal como sucedió con decenas de miles de jerosolimitanos. La expulsión a Francia de Salah Hamouri, abogado palestino-francés al que Israel revocó su residencia pese a ser nativo de Jerusalén, muestra la frágil situación de la mayoría de palestinos de la parte oriental ocupada de esa urbe: no son ciudadanos y el Estado israelí puede retirar su estatus de residente con facilidad.
Hamouri, que creció y residía en la ciudad, fue deportado el 18 de diciembre por Israel pese a la oposición del Gobierno francés, las quejas de su defensa -alegó que no recibió las garantías legales mínimas- y las denuncias de la ONU y organizaciones como Amnistía Internacional (AI), que tacharon su expulsión de «crimen de guerra». La revocación de su residencia es una «acción punitiva» que Israel también podría usar en un futuro como «precedente» para echar a más palestinos de Jerusalén Este, alertan el grupo de apoyo a Hamouri.
La preocupación crece ante la formación del nuevo Gobierno israelí, que Benjamín Netanyahu pacta con fuerzas de extrema derecha que abogan abiertamente por deportar a los árabes.
Presos palestinos
Actualmente hay varios presos palestinos encarcelados a quiénes también se retiró la residencia», dice Munir Nuseibah, profesor de derecho en la universidad palestina de Al Quds. Tras el caso de Hamouri, su situación podría tener un desenlace similar: «Probablemente no podrán volver a sus hogares y serán trasladados lejos» cuando salgan de prisión, alerta el docente.
Esto pasó hace más de una década con cuatro miembros del grupo islamista Hamás que fueron elegidos en el Parlamento palestino. «Israel revocó su residencia en Jerusalén alegando que rompieron su lealtad al Estado» y «les forzó a mudarse» a Cisjordania ocupada, explica a Efe Sahar Francis, abogada de la ONG Addameer, defensora de los derechos de los presos palestinos en cárceles israelíes.
De hecho, aplicó la misma premisa para Hamouri, amparándose además en una enmienda a la ley aprobada en 2018 que validó la revocación del estatus de residencia según el criterio de fidelidad al Estado. En su caso, le pudo expulsar a Francia por tener ciudadanía de este país -Hamouri tiene padre palestino y madre francesa-, pese a la oposición del Gobierno francés a su deportación.
Violación de leyes internacionales
La ley humanitaria internacional veta deportar a personas de un territorio bajo ocupación, como es el caso de Hamouri, por lo que su caso viola la Cuarta Convención de Ginebra, aseguró la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A su vez, denunció que su expulsión evidencia la «vulnerabilidad de los palestinos» de Jerusalén Este, ya que el Estado judío solo les da «un estatus de residencia revocable» según su propia ley.
Para la periodista israelí del diario Haaretz Amira Hass, quien opta por residir en Cisjordania ocupada, la deportación del conocido abogado es «una advertencia» de Israel a todos los palestinos de la mitad este de Jerusalén, a los que envía el mensaje de que «si no son sumisos, silenciosos y obedientes, su estatus de residencia permanente será revocado».
Unos 350.000 palestinos viven en esta zona este de la ciudad, que Israel ocupó en 1967, y desde entonces, en torno al 5%, unas 18.900 personas, obtuvieron la ciudadanía. En contra del criterio de la comunidad internacional, Israel se anexionó unilateralmente la parte oriental de la urbe, donde impone sus leyes al considerarla parte de su territorio y de su capital «indivisible»
El resto de palestinos tiene estatus de residencia, pero el Estado hebreo se lo puede revocar alegando cuestiones de seguridad o si considera que residen de forma prolongada fuera de la urbe. Desde 1967, Israel ha retirado la residencia a unas 14.700 personas
Para el israelí Meir Margalit, exconcejal del partido izquierdista Meretz en Jerusalén, esto forma parte de una política de Israel para «destinada a reducir su número de residentes palestinos». Aduce que hay un amplio entramado legal y reglamentario «por el que Israel se toma el derecho a echarlos», y un plan urbano aprobado hace dos décadas por el Ayuntamiento que estableció «que hay que mantener la mayoría demográfica judía con una proporción de 60 a 40%».
Formalmente, los palestinos de Jerusalén pueden pedir ciudadanía. Pocos lo hacen, ya sea por presión de su comunidad o por creer que legitima la ocupación, pero los solicitantes han aumentado en los últimos años. Sin embargo, «muy pocos la reciben y la mayoría ven rechazada su solicitud», remarca Margalit.
Solo el 34% de peticiones presentadas por palestinos son aprobadas, y en muchos casos, el proceso hasta obtener la ciudadanía puede llevar años.
Fuente: PalestinaLibre / Swiss Info