El sector de la construcción es uno de los sectores productivos los más sencillos de reactivar. La obra pública ejerce cierta magia en ese sentido; y al mismo tiempo, empuja la reactivación de todos los eslabones de la cadena. Pero aquí compartimos un panorama que puede ser útil para interpretar lo que viene en el aspecto laboral.

Redacción

Durante la tarde de ayer dimos con una serie de informes relativos a la actividad comentando el derrotero de la construcción en 2022. Un puñado de ellos, compuesto por empresas del sector relacionadas con la obra pública en general, presentan un panorama con números positivos y diagnósticos favorables, más allá de los actuales “corrimientos” de costos. En criollo, una disminución en la tasa de ganancia que contrarrestan con cierta “espalda” obtenida en años anteriores. Casi en el otro extremo, empresas tal vez más relacionadas con el mundo inmobiliario, donde el nivel de crítica hacia para política económica del actual Gobierno está más que nada apoyado en la imprevisión de la política cambiaria, y las dificultades para que el mercado gane fluidez en la concreción de negocios.

Sin embargo, hubo un informe que nos llamó la atención porque se para desde una posición intermedia. El mismo fue publicado por el portal “El Constructor”, y está firmado por Carlos Boyadjian. Nos parece interesante porque va y viene con cifras oficiales del Gobierno para el sector, y las contrasta con las del mundo privado. En un contexto informativo donde no se pueden obviar los datos oficiales, pero que sabemos que poseen un “recorte” o sesgo que dificulta su interpretación, viene bien comparar con las del sector privado, que sabemos que siempre van a acompañar el mensaje que se quiere dar.

Según el trabajo mencionado, tanto para el gobierno como para las firmas del sector, la construcción se desarrolla con números positivos en casi todas las estadísticas. Lo que pone cierto reparo son algunas perspectivas económicas para el próximo año, dados los anuncios oficiales y lo que estos no mencionan. Nada muy extraño: la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, y su repercusión en la actividad económica al corto plazo. Es decir, el empleo, el poder adquisitivo de los salarios y el consumo interno.

Se habla también de una “buena noticia”, a partir del supuesto consenso de toda la cadena de valor. Desde fabricantes de insumos hasta empresas constructoras grandes, medianas y pequeñas, y la parte gremial, diagnostican que la actividad de la industria continuará en crecimiento. Sólo varía la percepción del ritmo del mismo.

Aparentemente, todos lo actores coinciden que la producción se está dando a capacidad plena en rubros como cemento portland y otros minerales no metálicos. La  capacidad instalada registra porcentajes oficiales cercanos al 85%, lo cual no es desmentido por los analistas del sector ni por los principales empresarios. Algo similar se estaría dando en la industria metálica básica (aceros, hierro, aluminio), que opera en torno al 82%.

Según el informe reciente del INDEC, el consumo de cemento portland marcó un incremento interanual de 13,2%.  El hierro redondo y aceros para la construcción tuvieron una expansión de 2,7%. El hormigón elaborado el 18%; las cales un 2,3%. Uno de los pocos indicadores ala baja, serían los asociados a la obra pública: el asfalto con una caída superior al 7% y los ladrillos huecos (viviendas e infraestructura edilicia) de cerca de un 4%.

Los insumos vinculados principalmente a la construcción privada, como pinturas, placas de yeso, pisos y revestimientos, mosaicos (graníticos y calcáreos) y sanitarios, todos se movieron en terreno positivo, denotando un buen dinamismo de la demanda.

Más allá de lo que marque INDEC, los empresarios marcan algunos puntos “dudosos” que serán argumento para el tite y afloje de los próximos meses. Por ejemplo; si bien el consumo de hierro redondo y acero aumentó el último año, no amplió la capacidad de producción. El cemento se sigue demandando, pero comenzó una tendencia descendente. Otro dato, no ha aumentado el número de empleadores (20.097); aunque sí ha crecido la incorporación de registro de personal, registrando algo más de 407.300 trabajadores.

Ahora bien, las alarmas y las presiones ejercidas por las posiciones dominantes del sector, se agarran de tres variables que ciertamente, no delinean un escenario promisorio más allá de los anuncios oficiales. Por un lado, el contexto electoral 2023 hace pensar que no se detendrá el financiamiento de la obra pública.

Sin embargo, si los índices de inflación se mantienen en este nivel, difícil será para el sector cumplir con plazo o costos de los contratos. Al mismo tiempo, cuáles serán los términos y condiciones de nuevos contratos, a partir de las políticas para reducción del déficit. Asimismo, la suba de la tasa de interés implica un “encarecimiento” del dinero que pone trabas al acceso al crédito.

Por último, han puesto el grito en el cielo a partir de los anuncios del pasado 4 de noviembre, cuando Alberto Fernández firmó el decreto 728/22, que beneficia de manera directa a cooperativas de trabajo que dependen de movimientos sociales otorgando un 30% “de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras hasta $300.000.000”. De hecho, fue una medida que ese sector venía reclamando pos pandemia, de cara a regularizar y crear empleo genuino dentro de los movimientos.

La medida, fue muy mal comunicada y explicada de peor manera. Decir que las obras asignadas tendrán el tope de 300 millones de pesos, sin brindar un parámetro a la sociedad de cuánto sale levantar una casa , o 100 metros de veredas, o una cuadra de asfalto, dio lugar a que la Cámara empresaria pusiera su grito en el cielo: CAMARCO argumenta que las cooperativas de trabajo “operan en la informalidad”, y que la medida gubernamental incentiva “al trabajo informal en fraude a las normas laborales y previsionales vigentes y condenará a las empresas formales que deben atender costos salariales un 54 % superiores a los atendidos por una pseudo-cooperativa de trabajo”.

Nadie es tan sonso para creer que el sector de la construcción en Argentina solamente posee algo más de 400 trabajadores. Esos son los “blanqueados”. El resto es “prestador de servicios” contratados por una sucesión de contratistas. Pero el argumento le vino fenómeno a la Cámara, ya que plantea un escenario de incentivo a la competencia desleal por parte del Gobierno.

Este último, fiel a su manera de proceder, en lugar de resolver un problema, lo escaló planteando un escenario difuso para el sector y todos los actores intervinientes.

Hace unos años, a esta Redacción, un dirigente de la UOCRA nos dijo: “si no hay obra, no cobramos”. Y se sabe también que el albañil es el trabajador peor pago, el sector que más rápido se reactiva, pero al mismo tiempo el que más fácil se desregula.

El Gobierno tiene la oportunidad de hacerla bien. Es sólo cuestión de voluntad política de conocer cómo funcionan los sectores de la actividad económico productiva. Larguen el excel y pregunten.

Fuente. El Constructor