La sesión en Diputados y lo que se viene en Senadores. El Conflicto. Los tres puntos. Los porotos. La guita. Sin brújula.

Por Pablo Casals

Desde el martes han llegado consultas a nuestra Redacción respecto del asunto del tabaco, el impuesto, los mencionados privilegios para un sector de la cadena, y los extraños movimientos de los distintos bloques parlamentarios alrededor del tema. Trataremos de responderlas en la medida de nuestras posibilidades ya que es un tema gris.

Para comenzar, daremos algunos datos de cara ordenar el asunto. La cadena tabacalera en Argentina posee varios eslabones, con una gruesa concentración en dos o tres manos de las comercializadoras de los cigarrillos, tabacos y sus variantes que se comercializan en el mercado interno, sumados a ellas que el 80% de la producción tabacalera se exporta.

La hoja de tabaco se cultiva en 7 provincias. En total suman una producción promedio de 100.000 toneladas de hoja. Las de volumen mayoritario son Jujuy, Misiones y Salta que concentran cerca del 88% de la producción nacional; la sigue Tucumán con volúmenes que giran en torno al 8%; cerrando la grilla Corrientes, Chaco y Catamarca. Hay variaciones de campaña a campaña, aunque no modifican sensiblemente las proporciones.

Con estos datos pretendemos ilustrar que la cadena tabacalera es importante para las provincias en las cuales se desarrolla, que ocupan un significativo número de mano de obra, y que el flujo de fondos derivado es importante para las cajas provinciales y las economías locales.

Editorialmente lo que a Chasqui Federal le interesa es lo relativo al Fondo Especial de Tabaco (FET). El mismo se integra con un porcentaje de la recaudación impositiva alrededor de la comercialización de cigarrillos, tabacos y derivados.

Lo significativo es que a partir de ese fondo es que se “completa” el ingreso por cosecha fundamentalmente para el productor. Es decir, la cadena acuerda un precio por kilo de hoja entregada en el acopio, pero parte del trasfondo de la composición de ese precio, está compuesto por los aportes del FET.

En criollo, es tirar el precio del kilo de hoja hacia abajo, que el productor “compensa” con los aportes del FET y desde allí paga las obligaciones propias, incluidos sueldos y jornales – que por cierto -, también son negociados a la baja porque una parte del FET que le llega al productor se traslada a los trabajadores rurales.

Algo así como los salarios gastronómicos informales: la propina no es una “yapa” que el consumidor otorga al personal, sino que el empleador toma a cuenta esa “yapa” para componer el salario que abona.

Perverso, pero funciona así. Según nuestros mayores, la actual situación es paradisíaca comparándola con décadas atrás.

El conflicto

Ahora bien… Tampoco es consuelo de tontos. Las denuncias de lobbies, “operaciones” y “votos a los empujones” realizadas por parte de los Diputados en el recinto el pasado martes cuando se (re)incluyó en el texto de la “Ley Bases” el apartado “Tabaco”, no eran por el FET.

El FET es un detalle, una herramienta de negociación en función de lo que mande la coyuntura en cada caso. Aquí la trenza está en las disputas de los sectores que poseen posición dominante en la cadena: los representantes de las empresas multinacionales como la Phillip Morris (Massalin) y la British American Tobacco (ex Nobleza Piccardo); y la empresa nacional Tabacalera Sarandí (Red Point, Kiel, Master).

Esas tres concentran el 90% del mercado interno y predominan en el segmento exportador. Hay otras empresas menores, incluso regionales, que hacen a la cadena productiva y a la actividad del sector, pero que marchan a la saga en cualquier tipo de decisión política.

Situación que más allá de las posturas de cada bloque – o las diferencias interbloques -, el marco de la incorporación del capítulo en el mientras tanto de la sesión maratónica transcurrida entre el lunes 29 y el martes 30 en Diputados, dejó a todos los miembros del pleno en una situación de evidencia: no hubo uno solo que no estuviese afectado por los lobbies; y si lo había, poseen un desconocimiento lacerante sobre el tema.

Los artículos incorporados a la ley que ahora deberá tratar el Senado, establecen una serie de modificaciones que fueron presentadas a título de impartir justicia entre las empresas, desalentar indirectamente el consumo de tabaco por carga impositiva, y consolidar recaudación fiscal. En los pocos alegatos alrededor del tema, si algún diputado patinaba en la fundamentación de su postura, le metía el tema del FET desde el costado “tribunero”.

Hasta donde podemos comprender y las fuentes consultadas nos pudieron responder con precisión, hubo dos puntos fundamentales en los artículos incorporados que todo indica que favorecerían a las dos multinacionales nombradas más arriba.

Por un lado, una especie de “control de precios” en kioscos y puestos de venta, para realizar un seguimiento sobre los precios al consumidor. Todo fumador sabe que los cigarrillos no tienen el mismo precio en todos lados a pesar que cuentan con estampillado, homologación y regulación específica. Si bien dicho control debe ser regulado por agencias estatales, está claro que desde las empresas, las que poseen mayor espalda, logística y maniobra para cubrir el mercado e “informar” a través de sus efectores “voluntarios”, la dinámica de precios.

En segundo lugar, el punto principal de conflicto: el impuesto interno mínimo. Este consiste en un monto fijo por atado de cigarrillos puesto en el mercado, que se actualizaba periódicamente, y que por el momento ronda los $ 520. La fundamentación del mismo, es constituir un piso base de tributación, que sirva como recaudación fiscal y como “factor encarecedor” del producto que por acción transitiva desaliente el consumo de tabaco. (Comentario al margen: “factor” que el fumador no considera).

El contrapunto alrededor de este impuesto, surge en 2017, a partir que Tabacalera Sarandí, interpone una medida cautelar argumentando que tal tributo afecta la libre competencia, ya que pone a una pyme tabacalera nacional en desventaja con las dos multinacionales. La medida fue aceptada y Sarandí no pagó nunca es impuesto.

Eso le permitió ofrecer en plaza sus marcas a un precio bastante más bajo que sus competidoras, llegando a estar a un 50% por debajo. Eso le permitió también a la firma, pasar de tener un 8% del mercado a un 45% según alguna de las fuentes.

Los tres puntos

Más allá de las acciones judiciales tanto de la Phillip Morris como de la British American Tobacco, también estas firmas comenzaron desde hace unos años a recorrerse todo el espinel tabacalero, y en cada negociación de precios del kilo de hoja con las cámaras de productores regionales, ponían tres puntos sobre la mesa: primero, Sarandí no paga el impuesto y por lo tanto la condición financiera de la multinacional no permitía facilidades en la negociación de precio de materia prima (unos cara rotas pero el argumento figura en actas).

Segundo, el FET se financia a partir de la recaudación de ese impuesto, y si la empresa que tiene la mitad del mercado no lo paga el Fondo se reduce a la mitad y los aportes derivados son menores en proporción. Tercero, aparentemente y para completar, Sarandí importaría la mayor parte de la materia prima utilizada en su propio proceso de producción; por lo tanto, no le compra a los productores en argentinos, no favorece las actividades indirectas asociadas, y además – de algún modo – empuja los precios internos a la baja – porque el tabaco paraguayo o brasilero es más barato.

Si bien las denuncias contra las dos multinacionales por importación y dumping de materia prima se vienen reiterando cada año por parte de los productores, los argumentos ponen el acento en la paja del ojo ajeno y no en los fardos pasados de contrabando en el propio.

Obviamente, de todo esto en la sesión de Diputados no se dijo nada; en el mejor de los casos se hicieron los “otros”. Suponemos que quedará para Senadores la discusión de fondo, aunque tenemos poca fe en ese aspecto.

Lo cierto es que el articulado (re)incorporado, establece que se elimina ese “impuesto mínimo” – y por tanto se caería la cautelar a favor de Sarandí -, y se establecerá un impuesto – llamémosle – “universal” del 73%. Eso supone la “igualdad de condiciones”, aunque la diferencia de porcentaje en el precio final respecto de la reglamentación vigente, variaría en un 3% en alza.

Los porotos

La Coalición Cívica, un sector del radicalismo y del bloque Innovación Federal (IF), y diputados que responden a los gobernadores de Salta y Misiones, impusieron el criterio en el recinto. La votación en Diputados contó con la negativa del PRO y La Libertad Avanza, la abstención de la mayoría de los diputados de Unión por la Patria (21 de ellos que votaron a favor).

Con 82 votos afirmativos, 77 votos negativos, 69 abstenciones, se logró introducir el capítulo de impuestos al tabaco en el articulado de la ley que ahora se someterá a tratamiento en el Senado de la Nación.

¿De cuánta guita estamos hablando? Según las fuentes, el supuesto quebranto fiscal por todo este punto, en 2023, supuso unos 200.000 millones de pesos. El 0,25% del PBI.

¿La cifra es real? Es una estimación que hacen las provincias tabacaleras en función de proyectar el quebranto sobre el FET. La diputada jujeña Sarapura, afirmó en el recinto que de no prosperar en la Cámara Alta la modificación impulsada, el quebranto sería equivalente a 2.000 millones de dólares.

Si hacen las cuentas y comparan, verán que los resultados son totalmente incongruentes.

En criollo, ni las provincias saben de cuánto dinero se está hablando. Son sólo proyecciones estimadas en un concierto sobre el cual no tienen influencia y mucho menos conducción.

Más allá de lo que pase en Senadores con este asunto, el Estado está a la deriva. Imaginen lo que sucede en la agroexportación de cereales y oleaginosas.

Fuente: Cámara de Diputados / SAGyPN / FET / Diario tabaco Argentino / El Tribuno