El Gobierno Nacional declaró la emergencia energética y dictó una serie de medidas destinadas a recortar los subsidios al consumo, y volver a dar baraja entre los sectores que se disputan la rentabilidad del mercado eléctrico. Sobre el final, una advertencia para el lector. Anote y pegue en la heladera.

Redacción

Durante las primeras horas de ayer, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín oficial (BORA), el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 55/2023, mediante el cual se oficializó la «emergencia del sector energético nacional», declarada hasta el hasta el 31 de diciembre de 2024. Según el contenido de la norma, con su vigencia se da inicio al proceso de revisión tarifaria con el mismo plazo, y se estableció la continuidad de la intervención de los entes reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas (ENARGAS).

Según los principales argumentos de la norma, el foco está puesto en las prestaciones de EDENOR y EDESUR – empresas que actúan fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires y la Capital Federal -, y los fondos que se transfieren frecuentemente a CAMMESA para asistir en parte a los servicios provinciales.

La idea es recortar paulatinamente los subsidios tanto a las familias como a las industrias; favorecer la rentabilidad de las concesionarias en aras de que estas inviertan en acondicionamiento y actualización tecnológica, y preparar el marco técnico jurídico para renovar concesiones o llamar a nuevos periodos de concesión.

Recuerde el lector, que más allá de los anuncios del gobierno anterior respecto de las construcciones y ampliaciones y refuncionalización de los gasoductos, se van venciendo las concesiones de las represas hidroeléctricas y seguramente el actual gobierno pretenderá volver a privatizar.

Entre formalidades, los considerandos del DNU alegan que tras la evaluación por parte del Ejecutivo de la situación en la que “se recibe” el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, «resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro».

Asegura además, que «la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de Gas y Energía Eléctrica bajo jurisdicción federal exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación».
La declaración de emergencia buscaría por tanto “encauzar” la prestación de los servicios de electricidad y gas, “bajo la plena vigencia de los marcos regulatorios respectivos y de los contratos suscriptos por el Estado Nacional y las empresas prestadoras, con las adecuaciones y revisiones correspondientes”.

Otro de los principales argumentos se encuentra en que a raíz de las interrupciones de servicios por parte de EDENOR y EDESUR, que evidencian “inversiones insuficientes, que importan un crecimiento de la obsolescencia en los activos de las prestadoras”, y por tanto de no tomar medidas gubernamentales las condiciones se agravarán en “perjuicio de los usuarios».
Por otra parte, alegan que el Tesoro Nacional, realiza transferencias permanentes a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que alcanzaron en 2023 a $ 1,4 billón; también que la central nuclear Atucha I se encuentra próxima a cumplir su período de vida útil; y que hay riesgos de desabastecimiento de gas natural en el norte del país, a raíz de los convenios con Bolivia donde existía un compromiso de que el hermano país pudiera ir reduciendo la provisión del hidrocarburo que alimenta la generación termoeléctrica.

De esta manera, entre las medidas que anuncia el Decreto, se declara «la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural».

Asimismo, el Ejecutivo ordena a la Secretaría de Energía que disponga el programa de acciones necesarias para «la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios».

Para esto, se determina el inicio del proceso de “revisión tarifaria» correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de «transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural»; alegando que los cuadros tarifarios resultantes deben entrar en vigencia antes del término del mencionado DNU; es decir, regirán antes del 31 de diciembre de 2024.

El Decreto dispone asimismo, la intervención del ENRE y del ENARGAS a partir del 1 de enero de 2024; y la designación de los miembros del Directorio que resulten de un proceso de selección previsto en el mismo DNU en un plazo de 180 días. Mientras tanto, serían los interventores los encargados de «realizar los procesos de revisión tarifaria» y «evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones» y eventuales anomalías.

Mas allá del DNU y de diversos trascendidos respecto del plano energético en las últimas semanas, en una entrevista televisiva realizada a Luis Caputo – el ministro de Economía -, aseguró que los subsidios tanto de energía como de transporte, “son dos puntos de producto» – refiriéndose al Producto Bruto Interno (PBI) -.

Esa suma sería equivalente a US$ 10.000 millones (7.500 millones en energía y lo restante en transporte); a lo cual se harán “correcciones” de aproximadas de “un tercio por año”. Según Caputo, para 2024, de esos dos puntos se recortarán 0,7; lo cual implican reducciones de 2.500 millones de dólares en materia energética y 1.000 millones en transporte.

El ministro adujo que la mayor cantidad de esos subsidios energéticos son transferencias destinadas a la CAMMESA, que distribuye las asistencias entre las compañías generadoras.

Según esto, al parecer, el problema que el Ejecutivo tiene con los subsidios es qué sector se apropia de la renta indirecta que los mismos generan. La disputa entonces está entre las propias generadoras, las transportadoras y las distribuidoras.

Queda claro que el último orejón del tarro es el consumidor. Tanto el Gobierno como las empresas tienen claro que los consumidores están cautivos y pescan en la pecera. El problema es reacomodar la apropiación de las ganancias del sector.

La advertencia al lector

Por último, un dato que no tiene que ver directamente con la emergencia declarada…

Según Caputo, el monto destinado a subsidios equivale al 2% del PBI. Por lo tanto, el PBI argentino es de 500 mil millones de dólares. Ahora bien, el presupuesto del Estado nacional, según el proyecto de ley elevado al Congreso, establece que – tomando en cuenta el tipo de cambio a $ 800 – alcanza la suma de algo más de 84.805 millones de dólares.

Es decir, el Presupuesto del Estado Nacional es equivalente a casi el 17% del PBI.

Es más que evidente que hacemos mal nuestro trabajo, porque el supuesto “Estado elefantiásico” gastaba un 32% del producto – déficit incluido. Según nuestras cuentas y los registros oficiales, eso reduciría el PBI total a la mitad. Pero no hay documentación alguna desde el Estado que avale estas cifras; como tampoco consta en los documentos públicos que se han dado a conocer por organismo internacionales acreedores de Argentina, donde se ventilan los números de las cuentas nacionales.

Por lo tanto, debemos decir que más allá de nuestras carencias y burradas periodísticas, tengan cuidado de no tomar a pie puntillas los trascendidos que circulan en función del gasto estatal. Los propios funcionarios empezando por el propio Presidente de la Nación, tiran guita y porcentajes para arriba, que no resisten análisis.

¡Ojo! Hagan las cuentas. Acá dimos algunos datos de base para guiarse. Con la regla de tres simple alcanza para empezar.

Fuente: BORA / MEcoN / La Nación+