Texto Constitucional va, amenaza mediática viene; mientras el Presidente discute con la comunidad artística y los gobernadores se recobran algún destello del “fuego sagrado federal argentino”, las represas hidroeléctricas van camino a quedar en manos privadas nuevamente. El quid de la cuestión está en si las provincias tendrán o no participación accionaria.

Redacción

La dinámica preferida del gobierno nacional es comprarse problemas innecesarios, que además de profundizar la crisis que supuestamente vienen a solucionar, revuelven viejas cuitas del pasado y enfrentamientos sin resolver entre el Estado Nacional y las provincias; el centralismo y la periferia; unitarios y federales; la ciudad Capital rica y el “interior” pobre; y otras dicotomías de siempre que a Usted que está leyendo se le ocurran.

Otra vez, la historia del país vuelve a pasar ante nuestros ojos dejándonos una sensación de “vale todo”. Mientras el Presidente de la Nación se pelea con la comunidad artística, las provincias vuelven a defender con uñas, dientes y patadas voladoras, su soberanía sobre los recursos naturales, que a la primera de cambio entregan al capital extranjero.

Es decir, salvo honrosas excepciones como el complejo estatal formoseño que intenta tener una marcha autónoma y de cara al fomento, protección y desarrollo de las actividades económicos; alguna experiencia pampeana y puntana en el mismo sentido; el resto es un tire y afloje permanente para ver quién tiene derecho sobre el recurso, para incrustar una caja de recaudación y tercerizar la explotación.

Es aquí, que dentro de este marco de situación vuelve a recrudecerse la cuestión de las centrales hidroeléctricas de las cuencas de los ríos Limay y Neuquén. Específicamente, se trata de las concesiones de las centrales El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Arroyito.

 Los gobernadores de las provincias de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa respectivamente, enviaron cartas documento al Gobierno nacional “en defensa de los recursos naturales que son potestad de las provincias».

La acción se justifica en el pronto vencimiento de la prórroga establecida en un principio por el gobierno de los Fernández Massa, respecto de la transición entre los vencimientos de los contratos de concesión de las empresas de generación hidroeléctrica y la nueva forma que el Ejecutivo quiera darle al asunto.

Recuerde el lector: el gobierno anterior, proponía una participación estatal más directa, que habría implicado en principio que las centrales pasaran a manos de la estatal ENARSA y que luego esta tercerizara la operación de las centrales. El gobierno actual, en cambio, en función de lo que vienen publicando e impulsando en materia jurídico legislativa, pretendería directamente privatizar tales centrales.

Lo único concreto es que, en las próximas semanas, tales prórrogas se caen y aún no hay una determinación gubernamental al respecto. Los complejos hidroeléctricos fueron concesionados a privados en 1993. Luego de 30 años, los contratos fueron llegando a su fin, y dado el periodo electoral, los mismos fueron prorrogándose en función de los límites que establece la legislación vigente y los propios contratos de prestación.

El argumento de las provincias, nace de las atribuciones que les confiere la Constitución Nacional sancionada en 1994, que dicta que los recursos naturales son propiedad de las provincias. Por lo tanto, en el caso de Río Negro y Neuquén, lo que pretenden es participar de las nuevas licitaciones.

Así, en la Carta Documento enviada al Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Interior, el mandatario rionegrino, apelando a los artículos 1°, 5°, 121 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales; además de parte del plexo jurídico provincial que establecen otras normas a cumplimentar y hacer valer.

Neuquén por su parte, envió otra Carta Documento para al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la que indica que ante la “falta de respuestas y de evasivas” por parte del Estado Nacional, “la provincia se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación a la provincia».

Ambos gobiernos provinciales pidieron que «el Estado Nacional, y sus dependencias, se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias».
«Cualquier acción unilateral por parte del gobierno nacional será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia”; al tiempo que “se subraya la posibilidad de iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores de los recursos, en caso de no respetarse las disposiciones provinciales», puntualizó el comunicado emitido por las jefaturas provinciales.

La información brindada afirma que los gobernadores pretenderían establecer un canal de diálogo constructivo con el gobierno central que respete los principios constitucionales y las competencias provinciales, “en aras de encontrar soluciones que beneficien a ambas partes y promuevan un uso responsable de los recursos naturales en la región», concluyó el comunicado.

De otro lado, por el momento, silencio stampa. Desde esta Redacción dudamos que la situación se resuelva fácilmente, por lo que es probable que se trate de hallar algún mecanismo estatutario para volver a prorrogar las concesiones.

Más allá del resultado final que este tema tenga, lo indudable es que Argentina necesita definir cuál es el “espíritu federal” que la moviliza: el positivo o el negativo; el popular o el oligárquico.

No alcanza con tirarse con la Constitución por la cabeza.

Fuente: Gobierno de Río Negro / Gobierno de Neuquén / Télam / Archivo