Mientras Argentina no para de andar fenómeno, y toda acción de gobierno Nacional o provincial se asemeja a curritos de lobbystas, las “Mesas de” no se detienen. ¿Qué hacen los liberales en respuesta? Un ente contralor…
Redacción
Vamos con las dos noticias más recientes respecto de las “Mesas” conformadas por los resortes de las cadenas mineras.
La “Mesa del Oro”, integrada por el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales de Santa Cruz, San Juan, Salta y Catamarca, se dio a conocer recientemente, y también está conformada por las principales Cámaras y empresas de la cadena.
Para variar, como en todas las operaciones de entrega del gobierno de Fernández, la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, no sólo promueve este tipo de organismos, sino que también los bautiza sin disimulo: “El oro es el mayor sector exportador de la minería metalífera nacional y el que más aportes hace a la economía. Nuestro objetivo es trabajar de manera coordinada para perfeccionar las condiciones de producción e impulsar nuevos proyectos a lo largo de toda la Argentina”, aseguró la funcionaria.
La extracción de oro en Argentina, está a cargo fundamentalmente de empresas de origen australiano y canadiense, que poseen sus centros operativos en Suiza y Londres. ¿Para que se utiliza el oro que sale de nuestro territorio? Más allá de que hay una pequeña aplicación del metal en la industria electrónica, el vehículo principal es engrosar la financiación de Gran Bretaña, la OTAN y del entramado financiero mundial.
Es decir, Argentina, por cada onza de oro que sale de nuestro país, nos pegamos un tiro en el pie.
La del oro no es la única “Mesa”. Tiempo atrás anunciamos la constitución de la del cobre, que además va ganando adeptos entre el empresariado a alta velocidad. Se habla de inversiones en el sector que superaría los 22.000 millones de dólares.
Dado que todo indica que el comienzo del saqueo del cobre está por comenzar, el Gobierno nacional, además de mantener la Mesa, estudia la forma de crear una “Comisión Argentina del Cobre”, que asesore a las autoridades en la generación y aplicación de políticas públicas para gestionar el mineral. Tal vez, a imagen y semejanza de Chile, el presidente Fernández esté intentando replicar una Ley de Reserva Cobre, tal como la detenta el hermano país.
Los proyectos de explotación cuprífera que ya están elevando protestas son Taca Taca en Salta, Mara en Catamarca y Pachón, Los Azules y Altar en San Juan. Según la fuente, una “Comisión” pone en riesgo inversiones en los yacimientos que rondan los 20.000 millones de dólares.
Por otra parte, se informó que la propia secretaria de Minería, estuvo participando de una serie de jornadas de capacitación respecto de la formación de “CoChilCo” (Comisión Chilena del Cobre) y la Ley de Reserva de Cobre.
La Ley chilena N° 16.624 de 1967, y en su Reglamento, D.S. N° 32 (Minería), de 1988, establece que la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) es un organismo técnico y especializado, creado por el dictador Augusto Pinochet en 1976 para financiar el presupuesto de las fuerzas armadas con un porcentaje específico que surgió de la nacionalización del cobre.
Desde esa fecha asesora a los distintos gobiernos en materias relacionadas con la producción de cobre y sus subproductos, además de todas las sustancias minerales metálicas y no metálicas, exceptuando el carbón y los hidrocarburos. Por otro lado, resguarda los intereses del Estado en sus empresas mineras, mediante la fiscalización y evaluación de la gestión e inversiones de éstas; y asesora a los ministerios de Hacienda y Minería en la elaboración y seguimiento de sus presupuestos.
Fuente: SecMineríaN / Minería & Desarrollo / Minería Chilena.