A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia 576/2022, ocurrida ayer, el Gobierno Nacional fijó el tipo cambiario por 25 días para las exportaciones de soja. Las principales entidades agroexportadoras acompañaron la medida, y sienten que “el mundo” está con ellas nuevamente.

Por Pablo Casals

El dólar a 200 pesos para la exportaciones de soja, se venía negociando prácticamente desde la asunción del superministro casi presidente, Sergio Massa. El funcionario comprende algo que sienten las entidades agropecuarias desde fines de la década del ’50 cuando comenzaron a implementarse las famosas “retenciones”: que ellas todavía no pueden creer que el imperialismo también las afecte.

[Nota del Editor: Entiéndase por imperialismo a la forma de hacer capitalismo que necesariamente implica la concentración de la riqueza y propiedad lo más rápido posible, a cualquier costo, caiga quién caiga, en todos los rincones del planeta donde sea posible acumular “algo”.]

Massa seguramente les dijo “eso es porque no leyeron a Jauretche”. Aquel filósofo popular, describía allá por mediados de los 60’s, que la oligarquía no podía entender que los norteamericanos no tuvieran consideración por sus servicios al país, y que los técnicos del Fondo Monetario y organismos similares, recomendaran la implementación de “impuestos a la exportación” para poder acumular reservas bancarias, que luego permitan cumplir con los pagos a la deuda externa. Por lo tanto, la discusión – “la grieta” – es tan vieja como el resfrío.

Volviendo a la actualidad, el superministro casi presidente, informó públicamente, lo que durante el día de ayer se publicara en el Boletín: que aquellos que vendan la cosecha de soja que mantienen almacenada en plantas y silobolsas, entre los días 5 al 30 de septiembre, la tonelada de soja se liquidará tomando la referencia de U$S 1 = $ 200. En criollo, la tonelada pasaría a valer alrededor de 73 mil pesos, teniendo en cuenta que la cotización del producto está operando en 365 U$S/tn.

El objetivo del Gobierno es lograr que los agroexportadores ingresen 1.000 millones de dólares en las primeras 72 horas de anunciada la medida y 5.000 millones en el mes, para reforzar la reservas del Banco Central.

Según el superministro, las empresas acompañaron y fijaron un compromiso de liquidación; asegurando que a partir del 1° de octubre se retornará al sistema anterior. El “acompañamiento” obedece a que de forma “extraordinaria y transitoria”, la soja se liquidará a un precio equivalente a “retenciones 0”. Medida que el sector ha convertido en un reclamo de época.

Por otra parte, Massa explicó que solamente se considera a la soja, porque es el único commodity del sector agropecuario que menos incide en los precios relativos de las cadenas de valor del mercado interno. Es decir, no seria posible aplicar una medida de similares caracteristicas para el maíz, el girasol o el trigo.

El mecanismo fue acompañado por las principales empresas del sector, y durante el anuncio estuvieron presentes: Juan José Blanchard (presidente de Dreyfus); Roberto Urquía (presidente de Aceitera General Deheza); Vladimir Barisic (presidente de Viterra); Alfonso Romero (presidente de Cofco); José Castelli (presidente de Bunge); Fernando Cozzi (presidente de Cargill); y Gustavo Idígoras (presidente de CIARA-CEC).

Precisamente, éste último – representando a la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC) -, afirmó que “los temas acordados son relativos a cuestiones crediticias, tributarias, comerciales y sanitarias, tendientes a facilitar las exportaciones del principal complejo exportador del país”. Recalcó asimismo que la iniciativa gubernamental mostraría que la el Gobierno debería reducir “de forma permanente la alta carga tributaria de la cadena de soja”.

Asimismo, casi como un deja-vu que remite a décadas atrás, la Federación Agraria Argentina (FAA) volvió a su fuente y criticó esta creación de un régimen para el complejo sojero. Su titular, Carlos Achetoni, manifestó que “se trata de una medida que, para intentar resolver una necesidad coyuntural del Estado, vuelve a brindar beneficios a los mismos actores de siempre”.

Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) miran risueños la situación. El gobierno juntar dólares reservas para cumplir la meta acordada con el organismo, luego de aquél respaldo del Congreso Nacional a las pautas diseñadas por el ex ministro Martín Guzmán. Las metas dicen que se deben aumentar las reservas en 5.800 millones de dólares para 2022; 4 mil millones para 2023 y 5.200 millones de dólares para 2024.

El FMI no impone esas condiciones de buen consejero que es. Lo hace porque inmediatamente después que el pueblo argentino junte la guita a costa de todas las calamidades ya conocidas, el Fondo y sus amigos se la van a soplar y el cuento de la “Buena Pipa” volverá a empezar.

Eso es lo que el Congreso aprobó, y en ese baile estamos. Deberíamos publicar la lista de los legisladores que acompañaron el asunto; y también a los que pudieron evitarlo y se abstuvieron. Es decir: los Diputados y Senadores que se hicieron los boludos.

Fuente: BO de la N. – Télam