Argentina, “supo tener una industria naval mucho más desarrollada que la de esos países, hoy es meramente testimonial y buscamos todo en el extranjero”. La sentencia fue de Contessi, quien en el acto por la botadura del “Yanina G”, puso sobre la mesa la obra del Ice Class encargado por el INIDEP y financiado por el BID.

Redacción

Primero repasemos una parte del contexto porque de lo contrario será difícil de comprender. Meses atrás, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), a través de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llamó a licitación internacional para la construcción de un buque de investigación tipo Ice Class. Es decir, un barco diseñado y equipado para llevar adelante tareas en las aguas más australes de nuestro país, e incluso sobre las propias costas de nuestro territorio antártico.

Según se informó oportunamente, como veedor certificante de dicho proceso licitatorio está el propio BID, quien sólo financiaría la obra, en tanto se contrate a un astillero con las condiciones técnicas y probados antecedentes en ese tipo de construcciones. Incluso desde el propio organismo armador, dejan entrever que el buque se terminaría construyendo en el extranjero. Eso genera un profundo malestar tanto entre los armadores nacionales como con los propios astilleros.

Ayer, durante la botadura de un nuevo pesquero – el “Yani G” cuyo armador es Vicarp -, los propietarios del astillero marplatense Contessi pusieron el grito en el cielo, y aprovecharon la oportunidad ante la presencia de medios de prensa, invitados y público en general, para recriminar contra el INIDEP, la Subsecretaría de Pesca y el propio Estado nacional, por avalar este tipo de procedimientos a pesar de que la legislación vigente ordena lo contrario.

Según Contessi, ante la casi inminente adjudicación de la obra a un astillero español por parte del BID, se recordó que en marzo pasado el Consejo Económico y Social de la Industria Naval presentó una nota formal al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, manifestando la preocupación respecto al posible resultado de la mencionada licitación internacional.

Allí se destacaba por parte del sector, que Argentina posee astilleros públicos y privados con capacidad y experiencia suficiente y probada para afrontar construcciones navales de este tipo, y que portanto se cumplen las condiciones de posible excepcionalidad que establece la ley 27.418.

El empresario fue un poco más allá inclusive. El barco licitado implica una inversión de 100 millones de dólares. Por las condiciones establecidas por el BID, plazos y las características técnicas, es muy posible que la obra se adjudique a un astillo español que viene fabricando naves del mismo tipo, a pesar que Argentina posee tanto ingenieros como mano de obra de probada calidad y eficiencia para afrontar la misma.

Contessi recordó que la Ley de Industria Naval 27.418, que estipula específicamente que los buques que necesitan los organismos del Estado deben ser construidos en el país, en tanto exista capacidad de construcción nacional. Cosa que está “sobradamente probada”, como se encargó de resaltar en varios pasajes del discurso.

Por último, dio varios ejemplos de los últimos años y de los países de la región, respecto de las políticas seguidas en materia de industria naval. Por un lado, el gobierno de Macri importó lanchas patrulleras, OPV y barcos de investigación. Es decir, la actual gestión del abdicante presidente Fernández sería una continuidad en materia naval en cuanto a “obra nueva”.

Entre los ejemplos regionales citados, mencionó que Chile está construyendo su buque Polar y acaba de botar un barco de Investigación Pesquera; que Colombia está construyendo su cuarta OPV; que Brasil construye hasta sus propios submarinos nucleares.

Argentina, “que supo tener una industria naval mucho más desarrollada que la de esos países, hoy es meramente testimonial y buscamos todo en el extranjero”.

Fuente: INIDEP / Revista Puerto / Argenports / Archivo Chasqui Federal