Columna destinada a mover la cabeza. Si temes hacerlo, no la leas. En el marco de un contexto socioeconómico aberrante y claramente orientado a llevarnos definitivamente al retrógrado e inviable país-estancia semicolonial que éramos en el siglo XIX, compartimos el siguiente artículo de Carlos Ortíz*.

El Editor Federal

La Historia enseña, y mucho.  Por algo los gobiernos cipayos y los sectores del mega poder oligárquico y antinacional, la ocultan y la tergiversan, para acomodarla a sus impresentables designios. 

Eso ocurre en todos los ámbitos de la realidad nacional, y muy acentuadamente en las áreas con gran importancia estratégica, entre ellas, La Energía. 

Es interesante y muy esclarecedor, analizar lo ocurrido con el servicio público de energía eléctrica, en el cual hubo tremendos y desvergonzados hechos de corruptela, particularmente en la llamada década infame (1930-1943), y después en los sucesivos gobiernos liberales y neoliberales, todos ellos claramente antinacionales, que incluso se burlan de la Soberanía Nacional y de los derechos del pueblo, al que esos sectores socio económicos desprecian. 

Al poco tiempo de instalarse las primeras usinas eléctricas en Buenos Aires y algunas otras ciudades, la propiedad de las mismas y su efectivo control, pasó a estar en manos extranjeras. 

Inicialmente eran usinas pequeñas, según los parámetros actuales, con capacidades para abastecer a algunas manzanas o partes de barrios, en todos los casos con grupos generadores termoeléctricos, alimentados con hidrocarburos. 

Con las limitaciones estatales de esos años, de escasos o nulos basamentos técnicos sólidos en muchos involucrados en el tema, el servicio eléctrico en general, las concesiones y las tarifas eléctricas, eran autorizadas por los municipios, con lo cual el poder de decisión en buena parte quedó en manos de intendentes y concejales municipales. 

Las concesiones del servicio, sus renovaciones, las tarifas, y otros temas vinculados, eran definidos por los concejales de la ciudad de Buenos Aires. Sus acciones tuvieron caracteres de corrupción mayúscula, perpetrada con la impunidad que da el poder absoluto, en manos del establishment, del cual formaban parte o tenían injerencia muy fuerte, las empresas eléctricas concesionarias en la Capital Federal. 

Tan desvergonzado fue el accionar del poder legislativo comunal, que quienes operaban como subordinados a los dictados de las empresas concesionarias, manipulados en base a prebendas, fueron llamados, muy despectivamente, “los concejales chadistas”. 

CHADE (Compañía Hispano Argentina De Electricidad), CADE (Compañía Argentina de Electricidad), y la Ítalo -CIAE- (Compañía Ítalo Argentina de Electricidad), eran las más poderosas concesionarias del servicio eléctrico capitalino. 

Profundo rechazo tan desvergonzado y apátrida accionar, provocó en diversos sectores sociales de mentalidad patriótica y por ende Nacional. Un perseverante luchador fue el patriota escritor y periodista José Luis Torres, que denunció las maniobras de negociados infames perpetradas en diferentes ámbitos de la economía, en la década infame, entre ellos los cometidos con alevosía en el Sector Eléctrico. 

Torres puede considerarse el precursor de Jauretche, tesonero en su accionar, pero alcanzando menos difusión que la lograda, décadas después por este último. Utilizó el calificativo de “perduellis” para definir a los infames traidores a la patria, el cual resultaría sinónimo del concepto de “cipayos” acuñado posteriormente por el perseverante vasco argentino que fue el también patriota, luchador, escritor y disertante Arturo Jauretche. 

En esas décadas del ’30 y del ’40, el pensamiento de las Fuerzas Armadas no era homogéneo, coexistiendo liberales, con el creciente sector que se identificaba con el nacionalismo; este último con basamentos históricos y doctrinales que estaban recién aflorando, con el revisionismo histórico en sus comienzos de divulgación a partir de esclarecedores textos de los hermanos Irazusta, a los que se sumarían luego otros; y con pocos economistas trabajosamente no subordinados a los dictados del establishment liberal. 

En ese contexto de corruptela generalizada y servil a los mandatos antinacionales de la década infame, la reacción se dio con el golpe de Estado de 1943, con fuerte impronta nacionalista, que buscó cortar de cuajo los negociados alevosos y los pisoteos a la soberanía nacional. Se formó una comisión investigadora de las concesiones y del contexto general del servicio eléctrico, la cual fue presidida por el coronel Rodríguez Conde, claramente nacionalista. 

El informe respectivo, que tomó el nombre de su gestor principal, fue lapidario, denunciando los desmanejos y corruptelas generalizadas que estuvieron en desvergonzada vigencia en la década infame. Pese a las groseras irregularidades, las prolongadas concesiones no pudieron ser anuladas, posiblemente por los altos costos que eso hubiera significado. 

En 1958, el presidente Frondizi creó la empresa SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), inicialmente con 80 % de capital estatal, y el 20 % en manos de CEP (Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires) y CADE (Compañía Argentina de Electricidad), y separadamente seguía operando CIADE. En 1961 el Estado compró los paquetes accionarios de CEP y de CADE, pasando a ser SEGBA 100 % estatal, operando en Generación, Transmisión y Distribución, las tres áreas técnicas del servicio eléctrico. 

El golpe de Estado del “proceso” (1976-1983) significó imponer por la fuerza el neoliberalismo salvaje, el cual es dogmáticamente anti estatista. 

Bajo el terror represivo, se impusieron las medidas de desfinanciación y de endeudamiento de entes y empresas estatales, preparando el terreno para sus posteriores ventas a precios viles, gestado todo ese desguace por el ministro Martínez De Hoz, del riñón de la ultra conservadora y anti industrialista Sociedad Rural, a la vez con múltiples contactos y vinculaciones con grandes empresas, entre ellas La Ítalo. 

Pese a predicar fuerte privatismo, en el “proceso”, se estatizó CIADI, pagándose por la misma un fuerte sobreprecio, que Martínez de Hoz (ministro de economía y a la vez director de “La Ítalo”), justificó diciendo que de ese modo se facilitaría obtener créditos de la Banca suiza. Se compró chatarra, básicamente. 

Uno de los objetivos centrales del “proceso”, era el desguace de SEGBA, en lo cual Martínez De Hoz era además parte interesada, por sus vinculaciones con La Ítalo. Eso fue una de las tantas “desprolijidades” del supuestamente impoluto “proceso”. 

Antes que el infame “proceso” cumpliera su primer año de perpetración, el gremialista Oscar Smith, dirigente de Luz y Fuerza, expresó personalmente al dictador Videla, su total oposición a la privatización y desguace de SEGBA, siendo secuestrado al salir de la reunión, a pocas cuadras de La Casa Rosada (sede presidencial). 

Pasó a ser un “desaparecido” más (sinónimo de asesinado, según el cínico lenguaje de los milicos proceseros). El terror institucionalizado era el método de gobierno. Todo el contexto de violencia, casi como de una sui generis guerra civil “sugerida” por Harry S. Ferns para destruir a Argentina, fue el marco sangriento que allanó toda oposición al desguace de SEGBA, separándose la Generación (dividida en cuatro empresas privatizadas), y tres de Transmisión y Distribución. De todo ese nada transparente ni inocente accionar, surgieron EDENOR, EDESUR y EDELAP; empresas que -según es público y notorio-, por los problemas en el servicio, evidencian no haber realizado inversiones imprescindibles, para el mantenimiento y ampliación del servicio. Pero, según trascendidos periodísticos, las distribuciones de utilidades se efectuaron, lo cual significaría que hubo fondos para distribuir a los accionistas, pero no los suficientes para mantener el servicio. 

Como datos adicionales, trascendió que el endeudador serial Caputo, sería accionista de EDESUR, y la actual Canciller Mondino, lo sería de EDENOR, “datos de color” del contexto eléctrico general, con fuerte perfil privado desde el menemato en los años ’90; previamente manchado con sangre de la violencia represiva de los años ’70. Respecto al accionar de la Canciller Mondino, es de recordar la burda ironía, recomendando que los usuarios del servicio eléctrico compren generadores, lo que muestra el nulo compromiso de los actuales gobernantes para con el pueblo al cual (des)gobiernan adrede, paralizando incluso obras de generación eléctrica importantes, desentendiéndose de los problemas y necesidades del pueblo e incluso de las empresas y diversas entidades, que necesitan adecuada provisión del vital servicio eléctrico, pues practican y fomentan un Estado ausente y en muy negativo trance de anomia total. 

Todo ese aberrante contexto, parece claramente orientado de mínima a llevarnos al retrógrado e inviable país-estancia semi feudal que éramos en el siglo XIX, y de máxima, buscando la disolución nacional. 

* Carlos Andrés Ortiz es analista de Temas Económicos y Geopolíticos. Artículo publicado el 19 de marzo.

Fuente: Portal del autor (caoenergía.blogspot.com)