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Si alguien no alcanza a comprender cómo es que se lleva adelante la especulación sobre los precios de los insumos básicos de la canasta alimenticia, los principales exportadores, el mercado mundial y la acción estatal, en el aceite de girasol tiene la respuesta.
Redacción
Algunos lo enuncian en tono de festejo, otros como una “desgracia con suerte”. Lo cierto es que el conflicto entre Rusia y Ucrania destapó definitivamente una olla respecto del aceite de girasol y subproductos derivados. Repasemos algunos datos generales.
En primer lugar, Ucrania es el primer exportador mundial de aceite, acaparando la mitad del negocio global. Rusia detenta el 28% del mismo. Es decir, ambos países que en éste momento están fuera del mercado reúnen el 78% de la venta global de aceite de girasol.
Una oportunidad en ese sentido para las exportaciones argentinas y una cruz para su mercado interno. Por ejemplo, durante las primeras dos semanas de marzo el girasol a granel – la semilla – alcanzó topes de 800 dólares la tonelada de cotización, cuando usualmente apenas superaba los U$S 300. En cuanto al aceite, se han concretado ventas por estos días de U$S 2.300 por tonelada, cuando previo al inicio del conflicto bélico, la misma no superaba los 1.700 dólares.
Como era de esperarse, y más allá de los intentos de las medidas gubernamentales para controlar los precios del mercado interno, las principales operadoras del sector ya están avisando que no van a ser suficientes. Sucede que Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata y Glencore poseen el 85% de la capacidad de molienda. Seis empresas que concentran la producción la decisión sobre las otras 27 aceiteras que operan en el mercado argentino.
Si bien la cotización internacional ha descendido a 480 y 520 dólares de promedio por tonelada, las exportadoras continúan presionando al mercado interno.
Ocurre que nadie calculó el inicio del conflicto bélico. Y una vez desatado la velocidad de las empresas productoras y exportadoras de aceite fueron muy veloces para actualizarse, el el Gobierno argentino fue muy lento para reaccionar. Cosas que suceden cuando quien debe conducir el proceso de producción no ejerce la actividad, y por lo tanto no conoce los vaivenes ni capta las “temperaturas” internacionales de cada sector.
Así, con una capacidad instalada de 5 millones de toneladas de aceite anuales, Argentina la opera al 70% y además, su mercado interno, consume la mitad de lo producido. La maniobra es de libro: Europa demandó aceite de girasol para esperar el verano en ese continente. Las aceiteras locales, a partir del diferencial por ventas del casi 200% arriba de las expectativas presupuestadas a la firma de los contratos, tienen espalda suficiente para esperar hasta la nueva siembra. Por lo tanto, se “guardan el aceite” y esperan, a menos que el mercado interno argentino (léase, el Gobierno Nacional) esté dispuesto a aportar la diferencia.
La industria aceitera ya le avisó al Gobierno que el monto total del fideicomiso planificado para ese sector por 190 millones de dólares, no va a ser suficiente para compensar el precio mayorista máximo del aceite de girasol envasado, atento a los nuevos precios internacionales (y las condiciones políticas).
Pero por otro lado, eso no resuelve el problema del precio de góndola, porque una vez envasado y salido de fábrica, el aceite pasa por dos o tres operadores comerciales antes de llegar al supermercado. Todos suman, costos e inflación estimada, por lo cual, el precio entra en una espiral ascendente bastante impredecible.
Así, por el momento, el Gobierno trata de atajar a los grandes operadores y garantizar el abastecimiento interno: son más de 150 millones de litros de aceite de girasol que se consumen al año en Argentina. Un producto fundamental para la canasta básica alimenticia.
Desde esta Redacción no nos animamos a ser concluyentes, pues la semana que viene estas líneas pueden ser totalmente descartables. Sin embargo, hay algo que seguiremos afirmando cada vez que tengamos oportunidad: el Gobierno Nacional debe ejercer al menos la actividad de venta de alimentos al por mayor y menor.
No puede ser que las medidas lleguen, una vez que las grandes empresas de cada sector se hayan asegurado como mínimo, el margen de rentabilidad presupuestado para todo el año. Las operadoras internacionales son de libro, no toman medidas imprevisibles…
No es que seamos desconfiados, pero se nota mucho….

Fuente: MAGyP / Consorcio Terminal Quequén

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