Costa Rica disolvió sus Fuerzas Armadas hace tres cuartos de siglo, como argumento de erradicación de la violencia en aras de la construcción de una “sana” sociedad democrática. Hoy el tema es objeto de discusión a partir del poder del narcotráfico y la posición geopolítica del país centroamericano.

Redacción

Nota del Editor: Compartimos seguidamente un artículo que aborda uno de los temas que más inquietan a la sociedad de Costa Rica: la precariedad de su población más allá de la propaganda que evita esas caracterizaciones; los graves problemas de inseguridad que lo anteriormente mencionado generan; y el poder armado y territorial que consignan las organizaciones del narcotráfico.

Por las discusiones que está teniendo el seno de la sociedad costarricense, es propicio insistir con la discusión respecto de las Fuerzas Armadas en los países de Nuestra América y su rol. Claramente, la existencia de las mismas, en tanto estas no estén abocadas a la protección de la soberanía nacional, no garantizan que el narcotráfico penetre en nuestros pueblos.

Ahora bien, la problemática es común a nivel continental y la droga o su producción “entra” por alguna parte a los países. El combate en esa instancia sí es competencia de las Fuerzas Armadas, ya que hace a la Defensa Nacional.

Sin embargo, en nuestro continente, están volviendo a calar hondo, las doctrinas de seguridad interior promovidas por el Pentágono estadounidense. Con la excusa del combate al narcotráfico, basta es la tradición de ocupación, saqueo y sumisión a las que han conducido a nuestros países y los distintos gobiernos alineados a esa Doctrina.

Hoy Costa Rica parece dar una discusión que vaya a saber dónde terminará. Pero la cuestión se instaló en todas las agendas gubernamentales de Nuestra América y es hora que comencemos a prestar atención. La cosa no pasa por Fuerzas Armadas sí o no; sino por el rol de las mismas.

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Costa Rica, inseguridad a flote y las víctimas aumentando – Por Ana Laura Arbesú*

Costa Rica celebró por estos días el aniversario 75 de la Abolición del Ejército, un hecho considerado hito histórico que condujo al país a concentrarse en enfocar energías en educación, salud, seguridad social y fortalecer la democracia.

Nos marcó como país tomar esa decisión, ¿pero cuál es el próximo paso?, reflexionaba un editorial del periódico El obervador.cr con motivo del acontecimiento que se celebra cada 1 de diciembre. La respuesta, prosigue, es obvia:

“Hoy podemos crear un legado para las próximas generaciones: erradicar la violencia y la pobreza mediante la educación y las oportunidades que solo pueden generarse cuando el Estado deja que la iniciativa y la innovación florezcan, con menos trabas y con más apoyo”.

Los apuntes de ese editorial van dirigidos a los habitantes de este país, envueltos ahora en una de las peores crisis de inseguridad, in crescendo desde hace algún tiempo, y que ha llegado en este 2023 a cifras insospechadas debido al asentamiento del narcotráfico y sus tentáculos. La posición geográfica de Costa Rica los convierte, además, en un gran centro de almacenamiento de drogas.

Por solo recordar los más importantes acontecimientos, pues cada día se suscita uno de ellos, en octubre la muerte de un miembro de la policía en plena acción incitó a una cascada de opiniones de autoridades del orden y seguridad sobre cómo frenar los índices de criminalidad.

Estamos de luto, siempre seguimos en la lucha contra la criminalidad, pero hoy nos han golpeado duramente, refirió Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Policial (OIJ) al destacar que esa entidad está «en clara desventaja» ante la falta de acciones concretas por parte de las autoridades del país.

Recordaba Zuñiga que “si no se da un cambio pronto”, en el país van a existir “zonas fallidas” en las que “la policía no va a poder ingresar, no se va a poder hacer o ejecutar las labores básicas de cualquier Estado, porque quienes lo van a hacer son los grupos criminales que van a dominar esas estructuras y esos lugares”.

En esa oportunidad también reaccionó el fiscal general Carlo Díaz, quien aseveró que el grado de violencia es bastante alto y “esperábamos que este tipo de situaciones se podrían presentar. Ya se presentaron con Fuerza Pública y lamentablemente ahora con el OIJ y no descartamos que se pueda presentar hasta con fiscales”.

El OIJ informó que desde el 1 de enero al 4 de diciembre se han dado 849 homicidios en todo el país y las proyecciones son llegar a 900 al cierre del año. Hay que tener en cuenta que 2022 cerró, según la misma fuente, con 654, lo cual ya era un máximo histórico.

El propio director del OIJ explicó además que para el 2024 no anunciarán sus proyecciones de muertes violentas, pues condiciona la actividad criminal.

Un artículo publicado en Semanario Universidad analizó el tema del narcotráfico entre las causas asociadas a la violencia y la colocación en julio de escáneres en APM Terminals, uno de los principales puertos del país en la caribeña provincia de Limón.

Desde entonces, mil 538 kilos de cocaína salieron de ese puerto a distintos países, sobre todo de Europa, de acuerdo con datos del Ministerio Público actualizados al 28 de noviembre.

Ante las circunstancias, el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, presentaron en noviembre la iniciativa Costa Rica Segura Plus, que inserta la Operación soberanía.

Casi a la par, Chaves decidió retirar los cinco proyectos sobre seguridad presentados al Congreso para su discusión y aprobación, y trató de responsabilizar de la crisis a los poderes Legislativo y Judicial.

Esa acción condujo a que se sucedieran después días intensos, de encontronazos y discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Congreso sobre cómo abordar la criminalidad.

Por un lado, el Gobierno puso sobre la mesa de discusiones de la Asamblea Legislativa varios proyectos de ley para enfrentar ese flagelo que desequilibra la tradicional tranquilidad del país.

Por el otro, el Parlamento sostenía que esas propuestas presentadas por el Ejecutivo tenían serios problemas al rozar con la Constitución Política o con otras leyes, lo cual los hacía inviables y no planteaban iniciativas que atacaran la crisis desde su integridad, pues solamente tenían un fin represivo.

Las contraposiciones llevaron a que días después el jefe de Estado convocara a un encuentro con el Poder judicial y el Legislativo, en busca de lograr los avances necesarios en sesiones extraordinarias parlamentarias.

Esto, para contar con una agenda legislativa robusta capaz de construir una política de Estado en seguridad ciudadana con vistas al beneficio de los costarricenses. Se creó, además, otra comisión que encamine las leyes, a la cual se le dará seguimiento cada semana.

También el Organismo de Investigación Judicial dio a conocer tras varios operativos la desarticulación de bandas dedicadas al narcotráfico.

Llegó el 1 de diciembre con el aniversario 75 de la Abolición del Ejército y para limar asperezas en su discurso en la Plaza de la Democracia -sitio simbólico de este acontecimiento histórico-, Chaves exhortó a los costarricenses a resguardar la paz, “para que los hijos de esta patria sueñen en su futuro”.

Subrayó en la paz es un camino en construcción que requiere diseño y visión de futuro.

«Tenemos que seguir sumando las voces de todos los costarricenses, seguir soñando juntos el país que queremos, no va a ser suficiente, hay que construirlo».

Sin mencionar cifras, ni hechos, el mandatario llamó a la concordia entre los costarricenses y puntualizó que la paz se consigue sin Ejército y procura el bien común. Vamos a darle ese ejemplo al mundo, llevemos prosperidad a cada costarricense y que recobren la confianza en el futuro, dijo.

A todas luces, el año terminará como se inició, con las autoridades buscando la manera de frenar la violencia y la inseguridad que viven hoy los costarricenses, en medio de una zona geográfica virulenta para el narcotráfico. Mientras no se pongan de acuerdo los tres grandes poderes del Estado, las víctimas de este flagelo seguirán aumentando.

*Corresponsal jefa de Prensa Latina en Costa Rica

Fuente: Prensa Latina