Córdoba tiene su ley de Consorcios de Gestión Integral de Cuencas Agropecuarias. Un paso importante si la conducción político productiva es la adecuada. De lo contrario, se le puede venir en contra al pequeño y mediano chacarero.

Redacción

La noticia ya tiene varios días, pero dada la problemática nacional respecto del manejo de los recursos hídricos y la planificación productiva, vale la pena traerla a cuento porque no perdió actualidad y ayuda a pensar el asunto.

La Legislatura de la provincia de Córdoba, sancionó la Ley de “Consorcios de Gestión Integrada de Cuencas Agropecuarias”, que impulsó el Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Además, se sancionaron otras dos normas complementarias: Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias y la Ley Agroforestal.

La iniciativa deriva de una política pública que venía impulsando el gobierno provincial a través del Programa Gestión Integrada de Cuencas, y entre sus fundamentos, se propone atender aspectos que fueron abordados por la política pública mencionada, como ser la protección de la actividad agropecuaria y la eficiencia en el uso de los recursos provinciales.

Así, la promoción de creación de consorcios de gestión integrada de cuencas agropecuarias, busca que, con la participación de actores locales, la toma de decisiones respecto de todos los aspectos que hacen a la actividad, sean tomados por los protagonistas directos.

Según las fuentes, en la actualidad, existen siete Consorcios de Gestión Integrada de Cuencas en territorio cordobés, y los mismos superan las 4 millones de hectáreas. Estos son: Jesús María – Río Pinto; Río Xanaes; Tegua – Chazón; Marcos Juárez; Alta La Picasa; Arroyo El Gato – Santa Catalina; e Ischilín – Salinas Grandes.

Cada uno de ellos, está integrado por una Comisión Ejecutiva, que cuenta con un coordinador al que se integran los representantes de otros consorcios específicos, como ser canaleros, camineros y de conservación de suelos. Asimismo, cuentan con representantes del Estado provincial y de una entidad facilitadora para analizar técnicamente los estudios y proyectos presentados y asignarle un orden de prioridad. En el caso de los Conservación de Suelos – 23 en total -, todos poseen kits completos de maquinaria para la realización de obras.

Hasta acá, pareciera que la información que deriva de la sanción de las mencionadas leyes no se relaciona directamente con las cuencas hídricas. Pero su vinculación se establece en parte de los fundamentos de la ley.

Según el proyecto, cada cuenca integrada es definida como una “unidad de gobernanza territorial, donde el agua drena en un punto común, teniendo en cuenta la actividad antrópica y productiva”. Entonces, a partir de una mirada integral de la cuenca, “se pueden realizar acciones de diagnóstico, planificar, gestionar los recursos, ejecutar obras, infraestructura, planes y proyectos vinculados a la conservación de suelos, el manejo del agua, la ejecución y mantenimiento de la infraestructura rural y de caminos”.

En definitiva, todos los aspectos que se mencionan en la ahora ley, no serían posibles sin agua y la planificación del trabajo y del entorno en función de la disponibilidad del recurso hídrico. Si observan la división de las siete cuencas integradas, y las ubican en el mapa provincial, el lector notará que cada una de ellas está asociada a un sistema de aguas que determina sus potencialidades.

Lógicamente, el hecho de que exista un Consorcio de Gestión Integrada para una cuenca agropecuaria, no garantiza éxito en sí mismo. Si dentro de cada uno de ellos, se reproduce en todos los aspectos una lógica de concentración y primarización de la producción, por más cuidadosos que sean con el agua, lo más probable es que los pequeños y medianos productores, por mejor infraestructura que loa rodee, tenderán hacia el quebranto y/o la dependencia del más grande.

Sin embargo, que exista un instrumento de planificación y producción regional, siempre es mejor que no exista. El éxito de la mano de la buena práctica, depende de una correcta conducción política y no de lo que determine el mercado.

Fuente: Legislatura de Córdoba / El Diario de Córdoba / Puntal