Tanto La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, exigen a a la provincia cuyana que realice nuevos estudios de impacto ambiental sobre la obra. Mendoza se niega porque argumenta haberlos presentado. El conflicto amerita un laudo presidencial, y Fernández adelantó su postura durante el día de ayer en General Pico.
Redacción
Todo indica que la mega-represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, que el gobierno mendocino pretendía levantar en las cercanías de Malargüe al sur de esa provincia, de dejará de lado o al menos se aplazará por tiempo indeterminado.
El proyecto conlleva un prolongado litigio entre los cuyanos y las demás provincias integrantes de la cuenca del río Colorado. Encabezadas por La Pampa – quien ya tiene litigios con Mendoza a causa de problemas con otros ríos-, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires obtendrían el favor presidencial, para que en el futuro laudo que debe efectuarse en las próximas semanas, Alberto Fernández encargue un nuevo un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río mencionado. Según las autoridades de la provincia de Mendoza, dichos informes fueron presentados en tiempo y forma; y por lo tanto no volvería sobre sus pasos.
La obra cuya proyección posee cuatro décadas y media, tiene un plazo de ejecución de cinco años y contaría con una potencia instalada de 210 MW, capaz de abastecer de energía a 130.000 usuarios, cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos, que es hoy el más grande de Mendoza.
Por otra parte, oportunamente también se llevó adelante un proceso licitatorio, con Malal-hue como el único conglomerado empresario que buscaba quedarse con la obra, y está integrado por la compañía china Sinohydro Corporation junto a las firmas locales Impsa, Ceosa y Obras Andinas. La represa tendría un costo de 1.023 millones de dólares y sería financiada por el Estado Nacional. De hecho, el 40% de los fondos ya estaría en poder de la provincia cuyana. De no concretarse los de Portezuelo, Suárez, el gobernador mendocino, prometió activar un Plan B, con otras obras hidroeléctricos sobre ríos de jurisdicción local.
De esta manera, las jurisdicciones que integran Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), entre las que se encuentran también Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, se pusieron de acuerdo, en solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental integral que reclaman. En ese marco, el gobierno de Suárez aseguró que “ya se realizaron” todas las evaluaciones pertinentes con universidades nacionales y que no está dispuesta a volver a empezar.
Así, transcurre un nuevo capitulo del conflicto Portezuelo del Viento. Asimismo, vuelve a cobrar relevancia uno de los temas que posee debate permanente en las diferentes regiones del país: las cuencas hídricas; sus soberanía; y la necesidad de que en tanto recursos estratégicos argentinos, el Estado Nacional, vuelva a controlar la coordinación y protección de todos los ríos y espejos de agua dentro del territorio nacional.

Fuente: Perfil / La Arena / La Nación