Está teniendo lugar la vigilia en Tierra del Fuego en protesta contra el radar inglés instalado en la estancia “El Relincho”. El artefacto de uso civil y militar, fue autorizado obviando normativa y reglamentaciones en materia de Defensa Nacional. Se empacharon los muchachos. Eso pasa por no haber leído a Jauretche.

Por Pablo Casals

Está transcurriendo la vigilia en la entrada a la Estancia “El Relincho”, cerca de Tolhuin, Tierra del Fuego. Allí está instalado el radar de uso dual (civil y militar) propiedad de LEOlabs: la empresa británica que presta servicios a la OTAN.

En criollo, la alianza militar del Atlántico Norte que invade el Atlántico Sur, cuya base de operaciones son las islas Malvinas, “terceriza servicios” en aras de optimizar los recursos en función de sus intereses.

Ya lo hemos dicho: el despliegue británico de invasión que tiene base casi ininterrumpida desde 1833 – salvo por los 74 días del conflicto de 1982 -, compone la mitad del territorio marítimo e insular argentino, y sus pretensiones alcanzan a la península Antártica – también argentina –, el dominio del Estrecho de Magallanes, el Canal de Beagle y el Pasaje de Drake. Es decir: dominar efectivamente el Atlántico y el Pacífico Sur.

Y les viene saliendo bien gracias a la sucesión de gobiernos cipayos tanto en Argentina como en Chile. Lo cual no significa que los pueblos argentino y chileno sean cipayos. Hay que ponerle bien es cascabel al gato, porque todos se ponen pardos y se parecen.

No todo es lo mismo.

Por eso ahora se está realizando la vigilia en “El Relincho” hasta el lunes; y mañana se va a movilizar toda la provincia en caravana hasta Tolhuin.

Una pueblada que pelea por lo nuestro contra los cipayos y los invasores.

También mencionamos en las notas anteriores (ver aquí y aquí), sobre la denuncia presentada por militantes del MLN por Traición a la Patria, asociación ilícita, e incumplimiento de los deberes del funcionario público, en el Juzgado Federal N°8. Los acusados: el Gobernador fueguino Gustavo Melella, y los responsables del área de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, y de la secretaría de Telecomunicaciones, Martín Lombardi.

Tal acción tuvo un fundamento concreto: las autorizaciones nacionales y provinciales para la instalación del artefacto, no tuvieron en cuenta bajo ningún punto de vista, que el radar es un arma de guerra del invasor de nuestro territorio, y que particularmente pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur.

El tema tuvo algunas acusaciones cruzadas a partir del pronunciamiento tardío del Ministerio de Defensa referido al cese de operaciones del artefacto, pero no fue mucho más allá de un informe de la cartera y de pasarse la pelota entre las autoridades fueguinas y los ministros Taiana y el canciller Cafiero.

La repercusión real llegó a partir de la denuncia pública de militantes del MLN, previa a la presentación judicial referida. El sábado 12 de agosto, Martín Ayerbe y Norma Casco, dieron a conocer un video desde la entrada de la estancia “El Relincho”, certificando la presencia del radar y su operatividad.

Desde ese momento, las autoridades fueguinas no pudieron esquivar más el tema. Pero el accionar dejó bastante que desear.

Por ejemplo, el secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, explicó a la prensa que requería explicaciones del caso, que LEOlabs adoptaría las medidas indicadas para “disipar cualquier duda instalada en la comunidad y prevenir daños a las instalaciones por parte de terceros”. El propio funcionario afirmó oportunamente que la firma argumentaba que el radar había salido de operaciones el 26 de junio.

También se dijo que una vez que se terminara de retirar el material “electrónico sensible” del radar – lo que contiene la potencialidad del mismo y probablemente parte de la información recabada por el aparato -, se iba a solicitar el corte del servicio eléctrico.

Sin embargo, nada indica que eso ha sucedido. Los expertos independientes pero conocedores de este tipo de tecnología, asegurar que el radar no había salido de actividad al menos hasta la semana que acaba de transcurrir. Incluso, se difundió una supuesta desconexión a la red eléctrica, pero que fue reestablecida al día siguiente.

El informe del Ministerio de Defensa firmado por el propio Taiana con fecha del 1° de agosto pasado (Expte. IF-2023-88951294-APN-MD), asegura en el marco de un extenso análisis técnico, que por las características de los sensores de la Estación Radar AGRS LEOLabs (así se denomina lo que está situado en Tolhuin), puede “ofrecer información analizada para uso militar”. Por lo tanto, dice el informe, “no es posible dejar de considerar las connotaciones geopolíticas que conlleva la instalación y puesta en funcionamiento previamente mencionada, por parte de una empresa como LEOLabs, dado el carácter dual de los datos obtenidos en sus instalaciones”.

Tal como consta en el informe de Defensa, que tendría que haber sido definitorio para el desarme y estudio del radar, mediante la Disposición N° 8/22 de la Subsecretaria de Telecomunicaciones y Conectividad, se autorizó como “uso de precario” a la empresa LEOLabs, a que se instale y se ponga en funcionamiento una estación terrena en banda “S” con el fin de rastrear y monitorear objetos en el entorno LEO (siglas en ingles que significan Orbita Terrestres Bajas).

El documento, además, cita como referencia una normativa que la mencionada Secretaría pasó por alto. Según el Ministerio de Defensa, por Decreto Presidencial N° 457/2021 para la Defensa Nacional expresa en un documento con calificación de “máximo nivel” la posición de la República Argentina respecto de estos temas. El Decreto enuncia: “el escenario internacional impone la misión al instrumento militar y establece los lineamientos que debe seguir para cumplir esa misión; este establece que: la persistente presencia militar, ilegítima e ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, obliga a tomar los recaudos de planificación de capacidades, despliegue y organización acordes por parte de nuestro sistema de defensa con los fines de dar garantía a los intereses de la Nación Argentina. Deben preverse los mecanismos de control, de vigilancia, de reconocimiento y de inteligencia militar a los fines de espacios aeroespaciales, marítimos, terrestres y ciberespaciales”.

Clarito… El Decreto presidencial en el contexto indicado, posee el carácter de “orden” a seguir tanto para las dependencias nacionales como provinciales. Visto el accionar de la Secretaría de Telecomunicaciones, del área de Innovación Pública, y del gobierno fueguino, resulta ser se pasaron el Decreto por ya saben dónde.

Las excusas presentadas por los funcionarios giraron en torno a que el radar era utilizado para detectar “chatarra espacial” que pudiera interferir con el normal funcionamiento de satélites en la órbita terrestre, o bien que representen un peligro para la población mundial si es que alguno cae el vacío repentinamente.

Pero según el informe firmado por Taiana, desde el punto de vista militar los sensores del radar utilizados en la estación AGSR, tienen una capacidad de uso dual. Es decir que son radares primarios capaces de seguir blancos “no colaborativos” – en criollo, enemigos -.

El artefacto está apto para la identificación de escombro espacial, pero también es capaz de realizar “seguimiento de satélites de usos militares de terceros estados, misiles balísticos intercontinentales, misiles hipersónicos, inclusive aeronaves”.

Por otra parte, entre las idas y vueltas que mencionamos anteriormente, no se presentó ante las autoridades, evidencia tangible sobre datos que tengan fines de investigación científica por AGRS cuyo funcionamiento es de las 24 horas, los 365 días del año, de forma automática remitiendo datos digitalizados y probablemente “encriptados” a través de conexiones de internet a un centro de operaciones ubicado en territorio no argentino, en donde son procesados y ofrecidos a clientes comerciales y estatales de la empresa.

Del texto de la denuncia radicada en el Juzgado Federal Criminal N°8 y también del informe, emana también que los equipos instalados en “El Relincho”, poseen como característica adicional que pueden ser utilizados para la escucha y la inteligencia de señales; incluso, mientras estos no estarían operando, mientras que el uso de esto, es muy difícil de detectar.

Es evidente, la atribución que les corresponde a los infames traidores a la patria por omitir y violar el derecho de un país entero y no cumplir con la responsabilidad y sus obligaciones generales de carácter “Erga Omnes” al no respetar, ni hacer respetar violando el derecho colectivo de todos los habitantes de nuestro país. Los traidores infames, no a disposición de los Derechos Humanos en adelante (DDHH), no cumplen con sus obligaciones, ni previenen a fin de evitar la violación de quien es considerado el enemigo, prestando colaboración aberrante para nuestra Seguridad Nacional, que terminan costeando con la consecuencia de todo un país.

Entonces, si las características técnicas son las que mencionamos globalmente; si las instrucciones del Ejecutivo para el “instrumento militar” son las que citamos más arriba; y si la actuación de los funcionarios nacionales y municipales fue la que consta en los actos administrativos de función de gobierno; resta hacer una evaluación política de los hechos.

La evaluación en este caso, los alcances, los usos posibles y las consecuencias que puede traer la instalación de un radar de tamañas características por parte de la empresa británica.

Según lo mencionado, puede ser un detecto de metales que flotan en el espacio, como también es un instrumento fundamental para la logística de guerra. Si el artefacto está montado en el centro de conflicto geopolítico lindante al territorio nacional la invadido hace dos siglos, y si evaluación la acción y proyección británica confesa, no es muy difícil concluir que el radar es un arma del enemigo.

Si hubo funcionarios que burlando normativa y protocolos establecidos, dieron las autorizaciones para que un arma de guerra del invasor se instale en nuestro territorio no invadido, tales funcionarios obraron como traidores a la patria.

No hay mucha vuelta, muchachos…

Tal vez hicieron muchas así, pero con esta se pasaron de la raya. Siempre es bueno leer a Jauretche en estos casos: “también se muere de empacho” dijo el jovino…

Lea la primera y segunda parte del informe publicadas los días 6 y 7 de octubre:

 “Un arma del invasor en TDF – I”

«Un arma del invasor en TDF – II»

Fuente: MLN / MDN / Gob TDF / Boca de Pozo / Pal’Sur / Agenda Malvinas